La defensa de Aldama sostiene ante el Supremo que el empresario se integró en una estructura criminal ya existente
José Antonio Choclán, abogado del empresario Víctor de Aldama, ha presentado este martes su informe de conclusiones ante el Tribunal Supremo, en el marco de la causa que investiga la presunta trama de corrupción vinculada al exministro José Luis Ábalos. Durante su intervención, la defensa ha argumentado que su representado no fue el creador ni el organizador de la red criminal, sino que se integró en una estructura que operaba activamente desde el año 2015.
El letrado ha fundamentado su estrategia jurídica en el reconocimiento de los hechos y la colaboración activa con la justicia, solicitando la puesta en libertad de Aldama o, en su defecto, una reducción de penas basada en el atenuante de colaboración. Choclán ha agradecido explícitamente la postura del fiscal Alejandro Luzón, quien se ha mostrado abierto a contemplar dicha reducción, pese a que la Fiscalía General del Estado no ha formalizado la solicitud de forma oficial.
Según la tesis expuesta por la defensa, los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil reflejan que la organización ya realizaba gestiones en administraciones públicas, específicamente en Navarra, años antes de que Aldama entablara contacto con el grupo en 2018. «Entabla conversación con funcionarios ya corrompidos», ha señalado Choclán, incidiendo en que el empresario fue utilizado como un instrumento por una estructura «plenamente asentada» que buscaba ampliar su red para el presunto cobro de comisiones.
En su alegato, el abogado ha sugerido que el alcance de la trama trasciende a los actuales investigados, calificándola como una estructura diseñada para fines de financiación que operaba con anterioridad a la llegada de su cliente. «Aldama es un instrumento, no del señor Ábalos, sino mucho más grande», ha afirmado el letrado, quien además ha hecho referencia a la situación procesal futura de otros cargos públicos, mencionando expresamente a Ángel Víctor Torres y Francina Armengol.
La defensa también ha aportado aclaraciones sobre operaciones económicas específicas bajo sospecha, como el intento de adquisición de terrenos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) por 250 millones de euros. Asimismo, se ha referido al inmueble en el Paseo de la Castellana, explicando que dicha propiedad funcionaba como una garantía para el pago de las dádivas exigidas por la trama, y no como una operación de compraventa convencional.
Finalmente, José Antonio Choclán ha subrayado que la decisión de Víctor de Aldama de prestar testimonio y reconocer su integración en la organización responde a una voluntad de colaborar con el aparato judicial, asumiendo las consecuencias de delitos graves. El Tribunal Supremo deberá ahora analizar estas conclusiones para determinar si procede la modificación de las medidas cautelares o la aplicación de los beneficios penales solicitados por la defensa.
