Almeida califica de «asunto aclarado» la compra del inmueble de Planifica Madrid y critica la postura del Gobierno central
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido este martes la gestión del Gobierno regional en relación con la adquisición de un inmueble en el paseo del General Martínez Campos por parte de la empresa pública Planifica Madrid. El regidor capitalino ha dado por concluidas las explicaciones institucionales sobre esta operación, que inicialmente fue proyectada como despacho temporal para la Presidencia de la Comunidad de Madrid, y ha acusado a los grupos de la oposición de intentar prolongar una polémica que, a su juicio, carece de recorrido.
Durante su intervención tras la reunión de inicio del curso político del equipo de Gobierno municipal, Almeida sostuvo que la administración autonómica ha actuado con transparencia. «La Comunidad de Madrid ha dado todas las explicaciones oportunas», afirmó el alcalde, quien vinculó las críticas recibidas con una estrategia de «desesperación» por parte de la izquierda. Asimismo, el primer edil contrapuso la situación de la administración regional con la del Ejecutivo central, calificando a este último de «Gobierno corrupto» en referencia a los distintos casos que afectan al entorno del Palacio de la Moncloa.
Estas declaraciones se producen en respuesta a las recientes manifestaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien en sede mediática aludió a la compra de dicho inmueble —al que se refirió como «aticazo»— vinculándolo con el uso de fondos públicos para fines particulares de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Ante ello, Almeida instó al presidente Sánchez a centrarse en «problemas más serios» y defendió que la operación no ha supuesto un perjuicio patrimonial para las arcas públicas de la Comunidad de Madrid.
Detalles de la operación y fiscalización parlamentaria
El inmueble en cuestión, situado en una zona céntrica de la capital, fue adquirido por la empresa pública Planifica Madrid con el objetivo de servir de sede provisional para la Presidencia regional durante las obras de rehabilitación de la Real Casa de Correos. Sin embargo, tras descartarse este uso, la propiedad ha sido sacada a la venta por un precio de salida de 6,7 millones de euros. Según el Ejecutivo autonómico, los beneficios obtenidos de esta enajenación se destinarán a las labores de reconstrucción tras los incendios forestales de la Sierra Oeste.
En el ámbito legislativo, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha registrado una solicitud de comparecencia a petición propia para el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín. El objetivo de esta comparecencia en el Pleno de la Asamblea de Madrid es informar detalladamente sobre la gestión patrimonial llevada a cabo por Planifica Madrid y los pormenores técnicos y financieros de la compra y posterior puesta en venta del activo inmobiliario.
Investigación judicial en curso
A pesar de la defensa institucional, el asunto ha trascendido al ámbito judicial. El Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid ha iniciado diligencias de investigación tras la recepción de diversas denuncias presentadas por el PSOE-M, la formación Iustitia Europa y tres ciudadanos a título particular. El tribunal analizará si los procedimientos de adquisición y la finalidad del gasto se ajustaron a la normativa vigente en materia de contratos del sector público.
Por su parte, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha reiterado que las explicaciones ya han sido proporcionadas y ha negado de forma tajante que el inmueble estuviera destinado a su uso personal como vivienda oficial. Ayuso ha calificado las acusaciones de la oposición como una maniobra política orientada a las elecciones autonómicas y municipales de 2027, tesis que ha sido respaldada por el alcalde Almeida al invitar a los partidos de izquierda a mantener este asunto como eje de su campaña electoral.
