Expulsados y sancionados con cinco años de prohibición de entrada dos inmigrantes por agredir a agentes en Ceuta
La justicia ha decretado la expulsión inmediata de España y la prohibición de entrada en territorio nacional durante los próximos cinco años para dos ciudadanos de origen marroquí que accedieron de forma irregular a Ceuta el pasado 30 de julio. La medida responde a sendas condenas por delitos de atentado contra agentes de la autoridad, tras protagonizar incidentes violentos contra efectivos de la Guardia Civil en la zona portuaria y en la playa de Benítez, según han confirmado fuentes judiciales.
El primero de los sucesos se registró en las inmediaciones del puerto de la ciudad autónoma. Uno de los individuos fue interceptado por los agentes para proceder a su identificación reglamentaria; no obstante, el hombre se negó a colaborar y emprendió la huida, desprendiéndose de una bolsa con pertenencias y causando daños en la señalización vial. Tras ser alcanzado, el ciudadano opuso resistencia activa y golpeó a uno de los guardias civiles en el pecho, procediéndose en ese instante a su detención.
De forma paralela, el segundo incidente tuvo lugar en la playa de Benítez, específicamente en el área conocida como el Trampolín. En este enclave, otro inmigrante se negó a seguir las indicaciones de los agentes para abandonar la zona. Ante la persistencia de las autoridades, el individuo reaccionó de forma violenta agrediendo a dos de los efectivos que participaban en el operativo de vigilancia costera.
En ambos procedimientos, la autoridad judicial ha dictado una sentencia condenatoria de dos años de prisión por un delito de atentado contra agentes de la autoridad. No obstante, la resolución contempla la sustitución de dicha pena privativa de libertad por la medida de expulsión del territorio español. Esta sustitución conlleva aparejada la prohibición de retorno al país por un periodo de un lustro.
Esta resolución judicial se produce en un contexto de presión migratoria en la ciudad autónoma, donde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado mantienen dispositivos de vigilancia permanentes para garantizar la seguridad ciudadana y el orden público en los puntos sensibles del litoral y el recinto portuario.
