El Ayuntamiento de Madrid estudia acciones legales contra el delegado del Gobierno por la acampada en Sol

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado que los servicios jurídicos municipales continúan recabando pruebas para interponer una posible querella contra el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín. La iniciativa legal se fundamenta en la gestión de la acampada por el derecho a la vivienda que permanece establecida en la Puerta del Sol.

Desde el Palacio de Cibeles, el regidor madrileño ha denunciado la existencia de un supuesto trato desigual en la aplicación de las normativas de ocupación del espacio público. Almeida ha comparado la actual situación con las restricciones impuestas anteriormente a otros colectivos, como las educadoras infantiles, a quienes la Delegación del Gobierno limitó su estancia a cinco días y prohibió expresamente el uso de tiendas de campaña o elementos de anclaje.

El alcalde ha cuestionado los criterios de la administración estatal al permitir que el Sindicato de Inquilinas mantenga la acampada sin las limitaciones aplicadas en casos precedentes. «El delegado del Gobierno trata peor a los que cumplen la norma que a los que no piden autorización y hacen todo tipo de actuaciones en Sol, tanto en el mobiliario urbano como en el pavimento», ha señalado Almeida, quien considera que esta diferencia de criterio «linda con un delito».

En relación con la seguridad ciudadana en el centro de la capital, Martínez-Almeida ha recordado que la responsabilidad competencial recae sobre la Delegación del Gobierno. No obstante, ha reafirmado que la Policía Municipal colaborará en todo momento para garantizar la convivencia y la seguridad en la zona afectada por las movilizaciones.

Finalmente, el primer edil ha manifestado su desconfianza hacia la gestión política de Francisco Martín, al tiempo que ha elogiado el desempeño de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Según el regidor, es la profesionalidad de los agentes la que compensa lo que ha calificado como una actitud de «inacción y dejadez» por parte de la autoridad gubernamental en la gestión de la protesta en el kilómetro cero.