Amnistía Internacional denuncia la persistencia de políticas de represión en Venezuela tras el cambio de mando

La organización Amnistía Internacional ha advertido que las estructuras de represión y las violaciones a los derechos humanos continúan vigentes en Venezuela, a pesar de la captura del expresidente Nicolás Maduro en enero de este año. Según la ONG, el sistema institucional mantiene prácticas de persecución política, torturas y una marcada opacidad en la gestión de los centros de reclusión bajo la actual administración.

Clara del Campo, representante de la organización para el país sudamericano, señaló este miércoles que, si bien se han registrado ciertos alivios en la flexibilidad de los medios de comunicación y la liberación de algunos presos, el núcleo de la impunidad permanece intacto. Del Campo denunció que funcionarios vinculados con crímenes de lesa humanidad han sido ascendidos dentro de la estructura de poder, mientras que centenares de personas siguen detenidas de manera arbitraria por motivos políticos.

Respecto a la Ley de Amnistía promulgada por la Asamblea Nacional en febrero, Amnistía Internacional calificó su aplicación como «arbitraria y discrecional». Aunque las cifras oficiales reportan que más de 8.000 personas se han beneficiado de la norma, la organización sostiene que la mayoría de los casos corresponden a libertades bajo medidas cautelares, manteniendo expedientes abiertos que restringen los derechos de los ciudadanos y perpetúan el temor a nuevas detenciones.

La denuncia coincide con la intervención de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Ante esta comparecencia, la ONG instó a la comunidad internacional a actuar con un criterio crítico frente a las declaraciones oficiales y a realizar una verificación minuciosa de los datos presentados por las autoridades actuales, señalando la existencia de «imprecisiones» en los informes de gestión estatal.

Para Amnistía Internacional, la posibilidad de celebrar procesos electorales libres en el futuro está supeditada a una reforma estructural del Estado. La organización enfatizó la necesidad de recuperar la separación de poderes, garantizar la libertad de asociación y establecer un sistema de justicia independiente, elementos que, a juicio de la entidad, aún no se han materializado plenamente en el actual periodo.

Finalmente, la organización subrayó que los avances logrados hasta el momento han sido impulsados principalmente por la presión internacional y la documentación rigurosa de las violaciones de derechos humanos por parte de la sociedad civil. Del Campo reiteró que la responsabilidad de generar cambios robustos recae exclusivamente en las autoridades que sostienen el poder en el país, quienes deben asegurar la protección de las libertades fundamentales sin dilaciones.