Llarena retira las órdenes de detención contra Puigdemont, Comín y Puig en cumplimiento del criterio del Constitucional
El magistrado instructor de la causa del ‘procés’ en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha dejado sin efecto las órdenes nacionales de detención y personación que pesaban sobre el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los exconsellers Antoni Comín y Lluís Puig. Esta resolución responde al cumplimiento estricto de los criterios establecidos recientemente por el Tribunal Constitucional en el marco de la aplicación de la Ley de Amnistía.
La decisión judicial implica la desactivación de las medidas cautelares que obligaban a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a proceder al arresto de los tres políticos en caso de que ingresaran en territorio español. La medida se produce tras la revisión de las garantías constitucionales que el órgano de garantías ha considerado aplicables en este escenario jurídico.
A pesar de la ejecución de esta providencia, el magistrado Llarena ha hecho constar en su resolución su desacuerdo con el criterio del Tribunal Constitucional. El instructor del Supremo ha defendido la validez de los argumentos técnicos sostenidos anteriormente por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, reivindicando la interpretación original de la ley que justificaba el mantenimiento de dichas órdenes de detención.
La nota institucional subraya que la retirada de las órdenes se efectúa bajo el principio de jerarquía y cumplimiento de la doctrina del Tribunal Constitucional, el cual ejerce como máxima autoridad en la interpretación de los derechos fundamentales. Con este movimiento, se modifica el estatus procesal de Puigdemont, Comín y Puig dentro de la jurisdicción nacional, aunque el procedimiento judicial continúa su curso de acuerdo con los plazos previstos.
Esta actualización jurídica supone un giro significativo en la instrucción de la causa, vinculada a los hechos de 2017, y se alinea con las resoluciones de amparo que han ido emanando de la corte constitucional en las últimas semanas. Las partes personadas en el proceso ya han sido notificadas de este cambio en la situación judicial de los afectados.
