La ministra Saiz califica de «preocupante» el encargo de Feijóo a Albiol para redactar la ley antiocupación

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha expresado este lunes su rechazo a la decisión del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de encomendar al alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, la elaboración de una futura normativa contra la ocupación ilegal. Saiz ha fundamentado su postura en las recientes intervenciones públicas del edil catalán, las cuales ha vinculado con la difusión de contenidos que ha tachado de xenófobos.

A su llegada a la reunión de ministros del Consejo de Empleo y Política Social en Luxemburgo, la titular de Seguridad Social ha tildado de «preocupante» la designación del regidor de Badalona para esta tarea legislativa. La ministra ha señalado que Albiol ha difundido recientemente «bulos focalizados contra la población migrante» a través de redes sociales, unas publicaciones que, según sus palabras, podrían calificarse de «xenófobas».

Estas declaraciones se producen tras el compromiso adquirido por Alberto Núñez Feijóo durante un acto de precampaña celebrado el pasado domingo en Barcelona. El líder de la oposición anunció que, de alcanzar la presidencia del Gobierno, impulsará una ley para expulsar a los ocupantes de viviendas en un plazo máximo de 48 horas. En dicho acto, Feijóo estuvo acompañado por el propio Albiol y por el líder del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, donde enfatizó una política de «tolerancia cero» ante este fenómeno.

Frente a la propuesta de la formación popular, Elma Saiz ha defendido el modelo de gestión del Ejecutivo central. La ministra ha sostenido que la respuesta institucional debe basarse en medidas que no generen confrontación entre pequeños propietarios e inquilinos, sino que se centren en garantizar el acceso a una vivienda «asequible, digna y estable». En este sentido, ha subrayado que no es posible alcanzar una «inclusión plena» sin asegurar la estabilidad habitacional de la ciudadanía.

Finalmente, la ministra ha reivindicado las últimas medidas aprobadas en el Consejo de Ministros como la vía para atender lo que considera un «clamor social», contraponiendo la inversión y regulación del mercado de vivienda frente a las propuestas de desalojo inmediato planteadas por el Partido Popular.