La ministra de Igualdad destaca el refuerzo de la seguridad en Ceuta ante el aumento de diligencias por agresión sexual
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha manifestado este miércoles en el Congreso de los Diputados que el Estado está empleando «todos los esfuerzos» para garantizar la seguridad en Ceuta. Estas declaraciones se producen tras el reciente informe de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que cifra en 37 las diligencias previas abiertas por presuntos delitos de agresión sexual en la ciudad autónoma tras el incremento en las entradas migratorias registradas a finales de julio.
Durante su intervención en los pasillos de la Cámara Baja, Redondo ha subrayado que la seguridad en la zona «se ha reforzado» para dar respuesta a la situación. Al ser consultada sobre las previsiones de mejora a corto plazo, la titular de Igualdad ha vinculado el escenario actual con una problemática estructural que trasciende el ámbito local, señalando que los datos del CGPJ requieren una acción coordinada de las fuerzas de seguridad.
En un análisis de la situación nacional, la ministra ha informado de que durante el primer trimestre del presente año se han contabilizado 4.800 agresiones sexuales en España. Redondo ha enmarcado estas cifras en un contexto social de crecimiento del machismo, advirtiendo que el «negacionismo» respecto a la violencia de género supone un obstáculo para los avances en materia de protección y convivencia democrática.
Según la responsable de la cartera de Igualdad, la percepción social sobre la lucha contra la violencia machista ha experimentado un cambio negativo. «Estábamos convencidos de que la lucha contra la violencia de género era una cuestión de todos, de la ciudadanía y de la democracia, pero lamentablemente ese consenso se ha quebrado», ha asegurado ante los medios de comunicación.
Finalmente, la ministra ha insistido en la necesidad de recuperar la unidad institucional y social para hacer frente a estas infracciones penales. El Gobierno, según ha indicado, mantiene su compromiso de monitorizar la evolución de los delitos sexuales tanto en las ciudades autónomas como en el resto del territorio para ajustar las medidas de prevención y seguridad necesarias.
