El Congreso debate la crisis de vivienda tras el desahucio de una mujer de 87 años en Madrid
El desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años residente en el distrito madrileño de Retiro, ha provocado este miércoles un cruce de reproches entre los distintos grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados. El suceso ha reabierto el debate sobre la eficacia de la Ley de Vivienda y las competencias de las distintas administraciones ante la emergencia habitacional, situando a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en el centro de las críticas de los socios de investidura.
El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha manifestado su malestar a su llegada al Pleno, calificando la situación de «drama» y tildando a la ministra Rodríguez como la titular «más suave» ante la problemática de los desahucios. Rufián ha advertido que la crisis de la vivienda tiene el potencial de «arrasar al Gobierno» y ha recordado que ha instado reiteradamente al presidente Pedro Sánchez a intervenir de manera más decidida en el mercado inmobiliario para garantizar el derecho a un techo.
Desde las filas socialistas, el portavoz del grupo parlamentario, Patxi López, ha defendido la gestión del Ejecutivo central y ha desplazado la responsabilidad hacia la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital, ambos gobernados por el Partido Popular. Según López, el Ministerio de Vivienda ha ofrecido soluciones para este caso concreto que fueron «desoídas» por las autoridades locales. Asimismo, ha señalado que el problema reside en las administraciones que «alimentan a los fondos buitre» y se niegan a aplicar límites a la especulación.
Por su parte, el portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, ha lamentado el suceso asegurando que este tipo de situaciones finalizarán con un cambio de ciclo político, aunque ha descartado que las soluciones lleguen de la mano del actual Gobierno de coalición. La postura del PP se mantiene crítica con la legislación estatal vigente, a la que consideran ineficaz para resolver los problemas estructurales de acceso a la vivienda.
Finalmente, desde Compromís, el diputado Alberto Ibáñez ha calificado de «criminal» la actuación de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en relación con este caso. Ibáñez ha extendido su crítica a las fuerzas de seguridad y al conjunto de las administraciones, señalando que casos como el de Maricarmen representan un «fracaso de la democracia y la sociedad» ante la falta de mecanismos de protección para las personas vulnerables.
