Las familias de los españoles encarcelados en Guinea Ecuatorial se manifestarán ante la inacción del Gobierno
Las familias de David Rodríguez Ballesta y Javier Marañón Montero, los dos ciudadanos andaluces detenidos en Guinea Ecuatorial desde hace más de 20 meses, han convocado una concentración y un corte de tráfico pacífico para este sábado, 10 de octubre, frente a la Subdelegación del Gobierno en Granada. La movilización tiene como objetivo denunciar el presunto abandono por parte del Ejecutivo español y alertar sobre la situación de «extrema gravedad» que enfrentan los detenidos ante un juicio que califican de inminente y carente de pruebas.
La Asociación de Ayuda Javier y David – Derechos Humanos, organización que coordina la protesta, sostiene que ambos ciudadanos han sido víctimas de una detención arbitraria en la prisión de Black Beach, en Malabo. Según los portavoces de la plataforma, los dos profesionales del sector de las telecomunicaciones estarían siendo utilizados como «rehenes humanos» en el marco de un conflicto económico ajeno a sus funciones laborales, vinculadas al despliegue de la Televisión Digital Terrestre (TDT) en el país africano.
En el ámbito judicial, la defensa de los ciudadanos españoles critica que el sumario tramitado en Malabo no presenta evidencias de cargo. Asimismo, denuncian una irregularidad procesal sustancial: se pretende juzgar a Rodríguez y Marañón por un presunto delito de enriquecimiento ilícito, una figura jurídica que, de acuerdo con la legislación ecuatoguineana, está reservada exclusivamente a funcionarios públicos, condición que ninguno de los dos detenidos ostenta.
La crítica de las familias se extiende a la gestión del Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Los allegados de los detenidos califican la asistencia consular de «ineficaz» y limitada a respuestas de trámite, lamentando la ausencia de presiones políticas directas o de una coordinación efectiva con el Parlamento Europeo. Según el comunicado emitido por la asociación, las gestiones diplomáticas no han logrado avances significativos respecto a las demandas económicas impuestas para su liberación.
Respecto a las condiciones de reclusión, las familias subrayan el deterioro de la salud de ambos hombres, quienes padecen patologías crónicas sin recibir atención hospitalaria ni supervisión médica externa. El informe de la asociación detalla que los detenidos sobreviven en condiciones de insalubridad, sin acceso regular a agua potable o alimentación adecuada provista por el centro penitenciario, y que han triplicado el límite legal máximo de prisión preventiva establecido por la normativa local.
Finalmente, los familiares hacen un llamamiento a las instituciones para que intervengan de manera urgente ante la prohibición de visitas de sus abogados y la negativa de las autoridades locales a permitir la entrada de personal médico. La concentración del sábado en Granada se presenta como una medida de presión necesaria para reclamar una defensa activa de los derechos fundamentales de los ciudadanos españoles en el extranjero.
