La Audiencia Nacional confirma la imputación de la expareja de Ábalos y de un ex alto cargo de ADIF en el caso Koldo
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ratificado la imputación de Jésica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, y de Ignacio Zaldívar, antiguo alto cargo de ADIF, en el marco de la instrucción del denominado «caso Koldo». El tribunal ha dictado sendos autos en los que desestima los recursos de apelación interpuestos por las defensas, confirmando así la validez de las diligencias ordenadas previamente por el magistrado instructor, Ismael Moreno.
En el caso de Jésica Rodríguez, el tribunal ha rechazado el argumento de su defensa sobre la existencia de cosa juzgada por haber declarado previamente como testigo en otros procedimientos. La resolución judicial apunta a su presunta responsabilidad en los hechos relativos a sus contrataciones en las empresas públicas Ineco y Tragsatec. Según el auto, existen indicios de que la investigada no habría desempeñado labor efectiva alguna, sugiriendo que el objetivo de dichas contrataciones era la percepción de un salario mensual sin contraprestación laboral real.
Respecto a Ignacio Zaldívar, la Audiencia Nacional mantiene su condición de investigado atendiendo a los criterios de la Fiscalía Anticorrupción. Los magistrados consideran que las pruebas practicadas hasta el momento permiten inferir una posible participación en un delito de tráfico de influencias. La investigación se centra en determinar si el exdirectivo de ADIF trasladó presiones a sus subordinados para facilitar y mantener la contratación de Rodríguez en las mercantiles públicas afectadas.
Los magistrados de la Sala de lo Penal han subrayado que las imputaciones resultan adecuadas para el avance del procedimiento y la averiguación de los hechos. La resolución incide en que el esquema investigado podría constituir un plan diseñado para que la expareja del exministro figurase en nómina de empresas públicas de forma irregular, utilizando para ello influencias derivadas de altos cargos de la administración.
Este paso procesal se produce después de que, el pasado 20 de julio, tanto Rodríguez como Zaldívar se acogieran a su derecho constitucional de no declarar ante el juez Ismael Moreno en el Juzgado Central de Instrucción número 2. Con la confirmación de la Audiencia Nacional, la instrucción continúa centrada en el análisis de las presiones internas y la gestión de fondos públicos destinados a los salarios bajo sospecha.
