La Junta de Andalucía crea un grupo de trabajo ante la suspensión de la línea de AVE y exige una revisión de seguridad
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado este miércoles la constitución de un grupo de trabajo interdepartamental con el objetivo de abordar las consecuencias derivadas de la supresión de la línea ferroviaria de Alta Velocidad (AVE) entre Madrid y la región andaluza. Esta medida se produce tras el reciente accidente ferroviario registrado en Urda (Toledo), que ha provocado el cierre temporal de la conexión y ha generado preocupación por el estado de las infraestructuras ferroviarias que conectan el sur de España.
La vicepresidenta tercera y portavoz del Ejecutivo regional, Carolina España, ha informado en rueda de prensa que este nuevo organismo integrará a las consejerías de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa; Salud y Consumo; Economía, Hacienda y Fondos Europeos; Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo; y Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda. El propósito principal es coordinar la interlocución con los sectores afectados y supervisar la evolución de la situación de aislamiento que atraviesa la comunidad autónoma.
En el marco de esta iniciativa, el Gobierno andaluz ha anunciado la reactivación de las ayudas e indemnizaciones destinadas a las víctimas, siguiendo el modelo establecido tras el siniestro previo de Adamuz (Córdoba). El Ejecutivo autonómico prevé recuperar el baremo de compensaciones utilizado en aquel momento, que contempla pagos de 14.424 euros por cada víctima mortal, además de diferentes categorías de ayudas para los heridos. Este grupo de trabajo se sumará al comisionado ya existente para garantizar el apoyo institucional y el contacto permanente con los damnificados.
Desde el plano técnico y de seguridad, la administración regional ha reclamado formalmente una «revisión exhaustiva, rigurosa y certificada» de la infraestructura ferroviaria. La portavoz del Ejecutivo ha calificado el sistema actual como «obsoleto» y ha instado al Gobierno de la nación a garantizar la seguridad operativa de la línea, señalando que la cifra de 115 fallecidos en siniestros ferroviarios en los últimos nueve meses representa una situación crítica para el sistema de transportes.
Ante la paralización de la alta velocidad, la Junta ha expresado su preocupación por el posible impacto negativo en la economía regional y el perjuicio a la movilidad de los ciudadanos. Como medida paliativa inmediata, el Ejecutivo autonómico ha solicitado al Gobierno central un refuerzo de las comunicaciones aéreas mediante el incremento de frecuencias en los vuelos, así como el establecimiento de un tope en los precios de los billetes de avión para evitar sobrecostes a los usuarios mientras persista la interrupción del servicio de tren.
Finalmente, el Ejecutivo regional ha subrayado que mantendrá su exigencia de explicaciones oficiales sobre las causas del accidente de Urda y la situación de la red ferroviaria. La prioridad manifestada por la administración andaluza es la reapertura de la línea de AVE, supeditada siempre a la obtención de las máximas garantías de seguridad, para poner fin al aislamiento comunicativo que afecta actualmente a la comunidad autónoma.
