La Junta de Andalucía urge al Gobierno a activar un plan nacional contra el crimen organizado
El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha reclamado formalmente al Gobierno de la Nación la implementación de un Plan Estatal General de Acción contra el Crimen Organizado. La petición surge ante lo que la administración autonómica describe como una expansión del narcotráfico en la región, solicitando una respuesta integral que trascienda el ámbito policial actual.
Durante una comparecencia en El Rocío (Huelva), Sanz ha manifestado la preocupación del Ejecutivo andaluz tras los recientes episodios de violencia vinculados al tráfico de sustancias ilícitas en las provincias de Huelva, Sevilla, Málaga, Cádiz y, de manera específica, en el Campo de Gibraltar. El consejero ha señalado que la situación requiere de una intervención urgente para evitar el deterioro de la credibilidad del Estado y garantizar la integridad de los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
La propuesta detallada por la Junta de Andalucía se estructura en varios ejes operativos y legislativos. En el plano operativo, se solicita la creación de grupos especializados de carácter permanente y un incremento presupuestario para unidades de élite como la Udyco, el Greco y los Grupos de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil. Además, se ha instado al refuerzo del Servicio de Vigilancia Aduanera y a la potenciación de las unidades de inteligencia para mejorar la anticipación ante las redes criminales.
En el ámbito del reconocimiento profesional, la administración andaluza ha reiterado la necesidad de declarar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil como profesión de riesgo, medida orientada a la equiparación de sus derechos sociales. Del mismo modo, Sanz ha defendido que los funcionarios de prisiones sean reconocidos legalmente como agentes de la autoridad, facilitando así un refuerzo del principio de autoridad en el ejercicio de sus funciones.
En materia de reformas normativas, el plan autonómico contempla cambios sustanciales en el Código Penal, la Ley de Seguridad Ciudadana y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Entre las medidas propuestas destacan el endurecimiento de las penas contra la reincidencia, la creación de juzgados especializados y la tipificación penal específica del uso y reclutamiento de menores por parte de las organizaciones delictivas. Asimismo, se propone impulsar ante el Consejo de Europa la consideración de los ataques graves a las fuerzas de seguridad como un «eurodelito».
Finalmente, el consejero ha apelado a la articulación de una estrategia coordinada que convierta la lucha contra las mafias en una prioridad estatal. La propuesta institucional de la Junta de Andalucía busca dotar a los agentes de protocolos de actuación más robustos frente a medios técnicos utilizados por el narcotráfico, como narcolanchas o vehículos blindados, así como intensificar la persecución de los denominados «narcopisos» y la aparición de nuevas sustancias estupefacientes.
