Anticorrupción accede al informe de la IGAE que cuestiona las contrataciones en el Puerto de Valencia

La Fiscalía Anticorrupción ha obtenido formalmente el informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que señala presuntas irregularidades en los procesos de contratación de personal de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV). El documento, que el organismo presidido por Mar Chao mantuvo bajo reserva durante meses alegando su carácter interno, ha sido entregado al fiscal que investiga el denominado «caso enchufismo», centrado en determinar si existió una estrategia coordinada para favorecer la recolocación de antiguos empleados del Consorcio Valencia 2007.

La relevancia de esta pieza documental radica en su análisis crítico de la política de Recursos Humanos de la entidad portuaria. Según las conclusiones de la auditoría de la IGAE, se detectaron deficiencias significativas en la definición de méritos y requisitos en diversos procesos selectivos, lo que podría haber condicionado el perfil de los candidatos finales. Asimismo, el órgano interventor advirtió sobre la falta de controles rigurosos en materia de incompatibilidades entre los miembros de los tribunales de selección.

La entrega del informe a la Fiscalía se produce tras una prolongada controversia administrativa. La Autoridad Portuaria de Valencia rechazó inicialmente diversas solicitudes de acceso a la auditoría, defendiendo su confidencialidad. Sin embargo, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno dictaminó que se trataba de información pública y ordenó su entrega. A pesar de que la APV recurrió esta decisión ante los tribunales, el requerimiento del Ministerio Público ha obligado finalmente a la institución a aportar el documento a las diligencias de investigación penal.

En el ámbito judicial, la presión sobre la gestión del puerto se ha incrementado tras la celebración de dos juicios recientes por demandas laborales relacionadas con estas plazas. En la última vista, celebrada esta semana, la antigua jefa de Recursos Humanos de la APV declaró que las bases de las convocatorias cuestionadas fueron elaboradas directamente por la presidenta, Mar Chao. Esta versión coincide con la existencia de comunicaciones internas en las que el área técnica desaconsejaba que la presidencia asumiera personalmente la redacción de los criterios de selección de personal.

La investigación de Anticorrupción se extiende más allá de la infraestructura portuaria. El Ministerio Público ha tomado declaración a funcionarios vinculados a la Fundación Deportiva Municipal y a la Fundación Visit Valencia, organismos que también impulsaron procesos de contratación tras la liquidación del Consorcio Valencia 2007. La denuncia original sostiene que se pudieron articular hasta siete procedimientos administrativos en diferentes entidades públicas para facilitar el trasvase de personal específico.

Con la incorporación del informe de la IGAE y el avance de la ronda de declaraciones, la Fiscalía encara una fase decisiva de la instrucción. Tras analizar la documentación y los testimonios de los responsables técnicos, el Ministerio Público deberá determinar si existen indicios suficientes de criminalidad para trasladar el asunto a los juzgados de instrucción o si, por el contrario, procede el archivo de las diligencias de investigación.