Gobierno y PP enfrentan posturas sobre la competencia estatal en la crisis migratoria de Ceuta

La gestión de los menores extranjeros no acompañados en Ceuta ha desencadenado un conflicto competencial entre el Gobierno de España y el Partido Popular. Mientras el Ejecutivo central sostiene que la tutela de estos menores corresponde legalmente a la ciudad autónoma, la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo defiende que la situación debe tratarse como una cuestión de integridad territorial y soberanía nacional, trasladando la responsabilidad directa al Estado.

El debate ha escalado tras las recientes declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien en los pasillos del Congreso remitió a los medios de comunicación al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, al ser consultado por la permanencia de centenares de menores en las calles de la ciudad. Sánchez instó a preguntar a Vivas sobre esta situación, una respuesta que desde el entorno del Partido Popular ha sido calificada de «frívola» e «insensible».

Por su parte, Juan Jesús Vivas ha expresado su disconformidad con las palabras del jefe del Ejecutivo, señalando que resulta inaudito que quien ostenta la obligación constitucional de proteger la integridad territorial intente descargar dicha responsabilidad en el Gobierno autonómico. Vivas defiende que la magnitud de las entradas masivas registradas supera los cauces de la legislación ordinaria de protección de menores.

Desde la dirección nacional del PP se argumenta que los episodios de entrada masiva deben ser calificados como una «invasión» del territorio nacional. Bajo esta premisa, la formación sostiene que no es aplicable la normativa de tutela ordinaria, sino que el Estado debe activar el Pacto de la UE sobre Migración y Asilo, así como el Reglamento de Retorno, para proceder a la devolución de los menores a Marruecos, país que, según el PP, ha manifestado su disposición a recibirlos.

En contraste, fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, han reiterado que la competencia sobre los menores migrantes no acompañados recae «en exclusiva» en la ciudad autónoma de Ceuta. El Ejecutivo central advierte que los traslados a la Península son la «única solución» legal factible y acusa al PP de bloquear esta vía mientras propone medidas que, a su juicio, carecen de encaje legal en el marco jurídico actual.

El Partido Popular insiste en que el traslado de menores a territorio peninsular generaría un «efecto llamada» y que la solución no pasa por ampliar plazas de acogida, sino por el retorno. Alberto Núñez Feijóo ha trasladado este planteamiento en la sesión de control al Gobierno, instando a Sánchez a asumir su responsabilidad en la defensa de las fronteras ante lo que consideran una instrumentalización de la inmigración para alterar el orden público.

Finalmente, desde el Palacio de la Moncloa se rechazan los argumentos de la oposición, asegurando que el PP «miente» al afirmar que la normativa permite una expulsión inmediata sin los expedientes administrativos correspondientes. El Gobierno sostiene que si el Ejecutivo de Ceuta considerase que las devoluciones automáticas son legales, ya las habría ejecutado en el ejercicio de sus competencias, y atribuye la postura de los populares a una estrategia de desgaste político.