La Fiscalía Anticorrupción investiga a la alcaldesa de Valencia y a la presidenta del Puerto por presunta prevaricación
La Fiscalía Anticorrupción ha incoado diligencias de investigación contra la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, las concejalas Rocío Gil y Paula Llobet, y la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia, Mar Chao. El Ministerio Público indaga la posible comisión de delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias en relación con presuntas irregularidades en la contratación y recolocación de personal público.
La decisión de la Fiscalía se produce tras la denuncia formalizada por el grupo municipal Compromís, fundamentada en informaciones que apuntaban a una supuesta estrategia coordinada entre el Ayuntamiento de Valencia y el ente portuario para asignar plazas de forma discrecional. Según fuentes fiscales, se considera que existen indicios suficientes para iniciar estas actuaciones preliminares y analizar si los hechos se ajustan a los tipos penales mencionados.
El núcleo de la investigación se sitúa en una serie de decisiones administrativas adoptadas durante la primavera de 2024, coincidiendo con el proceso de liquidación del Consorcio Valencia 2007. Este organismo, integrado por el Gobierno central, la Generalitat y el Ayuntamiento, estaba presidido por la propia alcaldesa Catalá en el momento en que se activaron diversos procesos selectivos en fundaciones municipales y en el Puerto de Valencia.
Entre los elementos de prueba recabados figura un acta notarial fechada el 8 de mayo de 2024. En dicho documento, varios trabajadores del Consorcio dejaron constancia de su convencimiento de que dos plazas de alta responsabilidad en el Puerto ya estaban preasignadas a personas específicas antes de concluir los procesos oficiales. Meses después, las personas señaladas en el acta notarial fueron efectivamente seleccionadas para ocupar una subdirección de infraestructuras y una jefatura de área económico-financiera.
La apertura de estas diligencias supone el inicio de una fase de instrucción en la que el Ministerio Público recabará la documentación pertinente para esclarecer la legalidad de los procedimientos selectivos. El caso, que hasta ahora se había centrado en el debate político municipal, adquiere con este paso una dimensión judicial que evaluará la actuación de la cúpula del equipo de Gobierno valenciano y de la dirección de la Autoridad Portuaria.
