El Gobierno nombra a Pablo Sánchez-Blanco nuevo director general del Tesoro
El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, encabezado por Carlos Cuerpo, ha hecho oficial el nombramiento de Pablo Sánchez-Blanco Mancera como nuevo director general del Tesoro y Política Financiera. Este movimiento se produce de forma simultánea a la designación de su predecesora en el cargo, Carla Díaz, como nueva presidenta del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), en el marco de una reestructuración de los organismos de supervisión financiera.
Sánchez-Blanco Mancera es inspector del Banco de España, institución donde desempeñó la jefatura de la División de Inspección de Conducta. Su acceso a la Dirección General del Tesoro ha requerido la aplicación de una excepción normativa por parte del Consejo de Ministros, dado que no pertenece al cuerpo de funcionarios de carrera de la Administración General del Estado, requisito habitual para la titularidad de este departamento encargado de la gestión de la deuda pública.
En el ámbito profesional, el nuevo director general cuenta con experiencia en diversos gabinetes ministeriales, incluyendo colaboraciones recientes en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Su trayectoria en el supervisor bancario finalizó tras un proceso de revocación de licencia bancaria que generó discrepancias internas en el organismo, lo que derivó en su salida de la institución antes de incorporarse a la estructura del Ejecutivo.
El nombramiento ha generado atención por el perfil institucional y los vínculos del nuevo titular. Sánchez-Blanco es cónyuge de Pilar Sánchez Acera, actual secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y figura relevante en la estructura del Ministerio de Transformación Digital. Sánchez Acera ha estado vinculada recientemente a la controversia jurídica por la difusión de comunicaciones internas de la Fiscalía General del Estado relacionadas con el entorno de la presidencia de la Comunidad de Madrid.
Por otro lado, el traslado de Carla Díaz a la presidencia del FROB se produce en un momento de transición legislativa. El Gobierno ha confirmado la futura integración de este fondo de rescate con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac). Esta fusión dará lugar a la Autoridad Nacional de Integridad Financiera (ANIFI), un nuevo organismo de supervisión.
La designación de Díaz al frente del FROB conlleva un mandato de cinco años no renovables, conforme a la normativa vigente. Esta estabilidad en el cargo asegura la continuidad en la dirección del organismo ante posibles relevos en el Ejecutivo nacional, garantizando la gestión de la nueva autoridad financiera durante el próximo lustro.
