Arce niega gestiones judiciales con Zapatero en favor del Grupo Gloria

El expresidente de Bolivia, Luis Arce, ha rechazado formalmente las acusaciones contenidas en un informe de la Policía española que le vinculan con presuntas gestiones judiciales en favor del Grupo Gloria a través de la mediación del expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. El exmandatario boliviano, quien se encuentra actualmente en prisión preventiva por una causa de desvío de fondos, aseguró que su relación con el político socialista se limitó estrictamente a los ámbitos institucional y político.

La declaración de Arce surge como respuesta a un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) remitido a la Audiencia Nacional de España. Según las investigaciones, Zapatero habría percibido 200.000 euros entre 2024 y 2025 como contraprestación por intermediar ante la administración boliviana en beneficio de la Sociedad Boliviana de Cementos (SOBOCE), empresa perteneciente al conglomerado peruano Grupo Gloria que mantenía litigios económicos con el Estado.

En un comunicado oficial, Arce precisó que las últimas conversaciones mantenidas con Zapatero en La Paz, durante el año 2024, se desarrollaron en el marco de los esfuerzos del Grupo de Puebla para mediar en la crisis interna del Movimiento al Socialismo (MAS). Según el exjefe de Estado, en dicho encuentro se abordó la coyuntura política y la búsqueda de unidad del movimiento popular, sin que se tratara en ningún momento el litigio judicial de SOBOCE o de cualquier otra entidad privada.

El informe policial español detalla que el pago a Zapatero se habría articulado mediante un contrato presuntamente simulado de asesoría con una sociedad interpuesta denominada Focus Social Research. Los investigadores de la UDEF basan sus sospechas en conversaciones intervenidas donde el exlíder socialista indicaba la necesidad de «hablar con el presidente de Bolivia», aludiendo directamente a la figura de Arce para favorecer los intereses de la compañía peruana en el país andino.

Respecto a la situación jurídica de la empresa, Arce recordó que el conflicto con el Grupo Gloria no se originó bajo su administración. Destacó que, en noviembre de 2023, la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) se declaró sin jurisdicción para conocer una reclamación de 269,4 millones de dólares contra Bolivia. Asimismo, subrayó que la Procuraduría General del Estado impugnó resoluciones judiciales que favorecían a SOBOCE en 2025, argumentando que si hubiera existido tráfico de influencias, el Ejecutivo no habría combatido dichos fallos ante el Tribunal Constitucional.

El exmandatario también se desmarcó de la figura de Carmen Almendras, señalada por los investigadores españoles como presunta intermediaria en el proceso. Arce aclaró que Almendras sirvió como embajadora de Bolivia en España durante los gobiernos de Evo Morales y que no ocupó cargo alguno dentro de su gabinete ministerial ni en su estructura presidencial, limitando sus funciones a la gobernación de Chuquisaca.

Finalmente, Luis Arce manifestó su plena disposición a colaborar con cualquier autoridad judicial para esclarecer el caso, a la vez que exigió que la investigación se realice bajo principios de imparcialidad y objetividad. Reivindicó su respeto a la independencia de los órganos del Estado y reiteró que no se ha realizado ninguna liberación de pago a SOBOCE en relación con el caso FANCESA, el cual continúa en revisión sin sentencia firme.