La Audiencia Nacional cita a cuatro mandos de la Guardia Civil por presuntas interferencias en causas judiciales
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, el magistrado Santiago Pedraz, inicia este viernes una serie de comparecencias de altos mandos de la Guardia Civil en el marco de la investigación sobre una supuesta trama para obstaculizar procedimientos judiciales vinculados al PSOE o al entorno del Gobierno. Entre los citados destaca el coronel Rafael Yuste, exjefe de la Unidad Central Operativa (UCO), quien deberá declarar sobre las presuntas presiones recibidas para limitar la actividad investigadora en casos de relevancia política.
La declaración de Yuste se produce tras sus manifestaciones previas ante el instituto armado, en las que reveló haber recibido órdenes de sus superiores para «ponerse de perfil» y no actuar de manera «proactiva» en investigaciones que pudieran tener afectación política. Según el testimonio que motiva esta citación, el coronel habría señalado que estas directrices buscaban minimizar el impacto de las pesquisas en curso que afectaban a intereses gubernamentales.
Junto al exjefe de la UCO, el juez Pedraz ha citado al general jefe de la Policía Judicial de la Guardia Civil, Alfonso Alberto López Malo, quien previamente habría alertado sobre la existencia de una campaña institucional contra la propia Unidad Central Operativa. Asimismo, comparecerán el general jefe del Estado Mayor del cuerpo, Leonardo Sánchez Peláez, y el oficial encargado de indagar sobre las presuntas filtraciones en el denominado caso Koldo, cuya autoría fue inicialmente atribuida a la UCO antes de ser descartada internamente.
La investigación judicial trata de esclarecer el alcance de una supuesta red en la que también figuran como investigados el dirigente socialista Santos Cerdán y la exmilitante Leire Díez. El procedimiento analiza si existieron instrucciones deliberadas desde la cúpula de la Guardia Civil o desde ámbitos políticos para interferir en el desarrollo de las causas judiciales, incluyendo el requerimiento de organigramas detallados de los oficiales con relación directa en investigaciones que afectaban al entorno de la Presidencia del Gobierno.
Este escenario de pesquisas se ve complementado por las diligencias relativas a la información reservada abierta tras publicaciones periodísticas que cuestionaban la actuación de la Dirección Adjunta Operativa (DAO). El objetivo del juzgado es determinar si se produjo una vulneración del principio de independencia en la labor de la policía judicial y si las órdenes de «perfil bajo» constituyeron un intento efectivo de desbaratar la acción de la justicia en procedimientos de sensibilidad política.
