El juzgado archiva la querella contra el colegio de Sevilla por el suicidio de una alumna víctima de acoso

El Juzgado de Instrucción número 7 de Sevilla ha decretado el archivo provisional de la querella presentada por los padres de Sandra Peña, la menor de 14 años que se quitó la vida el pasado mes de octubre tras sufrir presunto acoso escolar. La resolución judicial exonera inicialmente de responsabilidad penal a los directivos y docentes del centro privado concertado Irlandesas Loreto, al considerar que no existe una relación de causalidad entre la actuación del colegio y el fatal desenlace.

El magistrado instructor sostiene en su auto que el centro educativo y sus responsables adoptaron diversas medidas para combatir la situación de hostigamiento que padecía la alumna. Según el razonamiento jurídico, aunque el centro tenía un deber de vigilancia, este no era exigible de forma ininterrumpida ni podía extenderse fuera del ámbito escolar, lugar donde se produjo el fallecimiento. El juez subraya que no era previsible que los docentes pudieran controlar a la menor en todo momento para evitar su decisión.

La querella se dirigía específicamente contra la Fundación Educativa Mary Ward, el director del centro, la tutora, la jefa de estudios y la orientadora. Los padres de la menor les atribuían la presunta comisión de delitos de homicidio por imprudencia, lesiones psíquicas imprudentes y trato degradante por omisión. No obstante, el Ministerio Fiscal solicitó el sobreseimiento de las actuaciones al amparo del artículo 641.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al no quedar justificada la perpetración de dichos delitos.

En el marco de la investigación, se constató que, si bien no se activó el protocolo formal de acoso escolar, el colegio sí implementó medidas correctoras tras las reuniones mantenidas con los padres en septiembre de 2025. Entre estas acciones destacan la separación de las alumnas señaladas como presuntas acosadoras, la designación de personas de referencia para la menor dentro del centro y el seguimiento por parte del departamento de orientación.

El auto judicial reconoce que existía un ambiente de «bullying» generado por tres compañeras de clase, cuya conducta está siendo investigada de forma independiente por el Juzgado de Menores número 2 de Sevilla. Sin embargo, el instructor insiste en que, incluso de haberse aplicado el protocolo de acoso de manera estricta, no hay garantías de que ello hubiera obstaculizado la voluntad de la menor en el ámbito privado de su domicilio.

La resolución judicial, que ha contado con el respaldo de los informes de la Fiscalía de Menores tras analizar el expediente de reforma, no es firme y contra ella cabe interponer recurso de apelación. Mientras tanto, la vía penal contra las tres alumnas presuntamente implicadas en el acoso continúa su curso en la jurisdicción correspondiente para determinar el grado de hostigamiento previo al suceso ocurrido el 14 de octubre.