La Audiencia de Alicante archiva la querella contra Martín Villa por la muerte de Teófilo del Valle

La Sección Décima de la Audiencia Provincial de Alicante ha acordado el archivo de la querella interpuesta contra el exministro Rodolfo Martín Villa por la muerte del trabajador Teófilo del Valle, ocurrida el 24 de febrero de 1976 en Elda. El tribunal ha estimado el recurso de apelación presentado por la defensa de Martín Villa, dejando sin efecto la admisión a trámite de la denuncia que había sido impulsada por el hermano del fallecido, José Antonio del Valle.

En su resolución, la Sala argumenta que los hechos atribuidos no se encontraban tipificados en el ordenamiento jurídico vigente en el momento de los sucesos, el año 1976. Asimismo, el auto judicial sostiene que, aun de haberse considerado delictivos, los hechos habrían prescrito de acuerdo con los plazos establecidos por la ley. Esta decisión cuenta con carácter definitivo en la instancia provincial, al no caber recurso ordinario contra la misma.

La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra Crímenes del Franquismo (Ceaqua) ha manifestado su disconformidad con el fallo a través de un comunicado institucional. La entidad considera que esta resolución judicial vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y contraviene las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos contraídas por el Estado español. Según Ceaqua, la decisión judicial ha sido filtrada a los medios de comunicación antes de ser notificada formalmente a la familia del querellante.

Los hechos que originaron la querella se sitúan en el contexto de las movilizaciones de los trabajadores del calzado en la comarca de Alicante durante la Transición. Teófilo del Valle falleció a consecuencia de los disparos efectuados por miembros de la Policía Armada durante una intervención policial. En aquellas fechas, Rodolfo Martín Villa desempeñaba el cargo de ministro de Relaciones Sindicales. La querella también señalaba a Daniel Aroca, uno de los agentes implicados en el operativo.

Desde la organización de víctimas se subraya que esta resolución se suma a una serie de pronunciamientos judiciales similares que, a su juicio, mantienen un modelo de impunidad sobre las actuaciones de las fuerzas de seguridad durante el periodo franquista y los primeros años de la Transición. Ceaqua ha señalado que la responsabilidad de esta situación no recae exclusivamente en el Poder Judicial, sino también en el Legislativo y el Ejecutivo por no implementar reformas que faciliten el enjuiciamiento de estos casos.

Finalmente, la representación legal de la familia ha anunciado que agotará las vías internas mediante la presentación de una demanda de amparo ante el Tribunal Constitucional. En el supuesto de que dicha demanda no sea admitida, la organización ha confirmado su intención de recurrir a instancias internacionales y organismos de las Naciones Unidas, donde este tipo de resoluciones ya han sido objeto de observación en informes previos sobre derechos humanos.