España y Argelia enfrentan una nueva crisis diplomática ante la petición de extradición del opositor Ayoub Aissiou
Las relaciones diplomáticas entre España y Argelia atraviesan un nuevo periodo de fricción derivado de la detención y el proceso de extradición del empresario y opositor argelino Ayoub Aissiou. El caso, que actualmente se tramita en la Audiencia Nacional, ha coincidido con un incremento de la presión migratoria en las costas españolas y denuncias de seguimientos por parte de funcionarios extranjeros en territorio nacional, lo que ha elevado la complejidad de un escenario bilateral ya condicionado por el giro español sobre el Sahara Occidental.
Aissiou fue arrestado el pasado 25 de julio en el aeropuerto de El Prat, en Barcelona, apenas cinco días después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizara una visita oficial a Argel para reunirse con su homólogo Abdelmadjid Tebboune. Aquel encuentro buscaba normalizar los vínculos tras la crisis de 2022; sin embargo, la detención del hombre más buscado por Argelia ha activado una serie de mecanismos de presión que, según fuentes jurídicas, trascienden el estricto cauce judicial.
Uno de los indicadores más nítidos de esta tensión es el repunte migratorio en la ruta argelina. Según datos del Ministerio del Interior y estimaciones de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), las llegadas a las costas de Baleares y Murcia han experimentado un alza significativa. En la Región de Murcia, las interceptaciones superaron las 2.000 personas hasta julio, el doble que en el mismo periodo del año anterior. Solo en el mes de julio, coincidiendo con la detención de Aissiou, se registraron más de 600 entradas irregulares.
La operatividad de estas rutas ha evolucionado hacia el uso de embarcaciones semirrígidas de alta velocidad, conocidas como «narcolanchas», equipadas con motores de gran potencia que facilitan desembarcos rápidos y el retorno inmediato a las costas del norte de África. La defensa de Aissiou sostiene que estas operaciones cuentan con una financiación y logística que sugieren una intencionalidad política para presionar a las autoridades españolas en el marco del procedimiento de extradición.
Asimismo, el entorno legal del empresario ha denunciado una presunta actividad de funcionarios vinculados al Gobierno argelino en ciudades como Madrid, Barcelona y Tarragona. Según el letrado César Aguirre, se han detectado seguimientos a familiares de Aissiou mediante vehículos con matrícula consular y llamadas intimidatorias. Estas actuaciones, calificadas por la defensa como una «prolongación de la persecución política» en suelo español, ya habrían sido detectadas previamente por los servicios de seguridad franceses antes de que el opositor trasladara su residencia a España.
En el plano judicial, la causa se encuentra actualmente en la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Argelia reclama al empresario por presuntos delitos de falsedad documental relacionados con activos empresariales. No obstante, la defensa argumenta que las acusaciones presentan graves contradicciones y que el trasfondo real es la actividad crítica de Aissiou, quien fue propietario de un canal de televisión opositor y ha mantenido un discurso público contrario al Ejecutivo argelino desde el extranjero.
El tribunal deberá decidir en las próximas fechas sobre la entrega del ciudadano argelino, una vez se conozca el posicionamiento definitivo del Ministerio Fiscal. Mientras tanto, Aissiou permanece en prisión provisional. La resolución de este expediente se perfila como una prueba determinante para la estabilidad de la cooperación bilateral en materia de seguridad e inmigración, que ambos gobiernos se comprometieron a reforzar durante la última cumbre en Argel.
