El Ministerio del Interior ha formalizado la adjudicación del nuevo contrato destinado al servicio de transporte aéreo de ciudadanos extranjeros, una herramienta que permitirá a la Policía Nacional ejecutar tanto expulsiones y repatriaciones a países de origen como traslados internos dentro del territorio nacional. La resolución, firmada el pasado 17 de agosto, se produce tras la licitación iniciada en mayo y coincide con el contexto de presión migratoria registrado en la ciudad autónoma de Ceuta.
El dispositivo adjudicado está diseñado para dotar de flexibilidad operativa a la Secretaría de Estado de Seguridad. El pliego de condiciones no establece un número fijo de vuelos ni de pasajeros, delegando en la Comisaría General de Extranjería y Fronteras la planificación de las operaciones según las necesidades detectadas en cada trimestre. Los servicios contemplan el traslado de inmigrantes hacia Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), así como a dispositivos de acogida gestionados por organismos públicos y organizaciones no gubernamentales.
La memoria justificativa del contrato admite la dificultad de prever con exactitud el volumen de las expulsiones debido a variables económicas, políticas, sociales y climatológicas que influyen en los flujos migratorios. Para garantizar la operatividad, el sistema permite activar vuelos nacionales con un preaviso mínimo de 48 horas, mientras que las operaciones internacionales requerirán una antelación de ocho días naturales. En situaciones de urgencia, las comunicaciones podrán realizarse telefónicamente antes de ser ratificadas por escrito.
En el plano técnico, la adjudicación contempla el uso de aeronaves de diversas capacidades, divididas en categorías que van desde las 75 plazas hasta aviones de gran capacidad con más de 200 asientos. Las condiciones del contrato prohíben expresamente la subcontratación de tripulaciones o aparatos, exigiendo que procedan de la flota propia de la empresa adjudicataria. Asimismo, se establece una cláusula de confidencialidad estricta para los empleados respecto a itinerarios, horarios y número de pasajeros por razones de seguridad.
La adjudicación de este contrato se enmarca en un periodo de tensiones institucionales tras conocerse un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif). Dicho documento, remitido a la Audiencia Nacional, analiza la entrada masiva de personas en Ceuta ocurrida a finales de julio y atribuye la gestión de dicho movimiento a las fuerzas de seguridad marroquíes. El informe ha generado una solicitud de explicaciones por parte del ministro del Interior hacia la Dirección General de la Policía sobre la disponibilidad y gestión de dicha inteligencia criminal.
Finalmente, el presupuesto del contrato podrá ser incrementado hasta en un 10 % en caso de que la presión migratoria irregular supere las previsiones iniciales. Esta modificación presupuestaria podrá ejecutarse una vez que se haya consumido el 80 % del gasto asignado y siempre que resten más de cuatro meses de vigencia del acuerdo, garantizando así la continuidad de los vuelos de repatriación y traslado frente a incrementos imprevistos en las llegadas a las fronteras españolas.
