La defensa de Cristina Álvarez solicita su libre absolución y denuncia la «temeridad» de la acusación popular
Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez, ha presentado su escrito de defensa en el marco de la causa que investiga presuntos delitos de malversación relacionados con la Universidad Complutense de Madrid (UCM). En el documento, al que ha tenido acceso este medio, la defensa solicita la libre absolución de Álvarez y reclama que se condene en costas a la acusación popular por lo que califica como una estrategia «disparatada» y carente de fundamento jurídico.
El escrito sostiene que no existe indicio alguno de criminalidad en las actuaciones de Álvarez, incluso si se dieran por ciertos los hechos relatados por la acusación. La defensa argumenta que la acción de la acusación popular busca únicamente obtener un «rédito político» mediante un «juicio mediático», señalando además la desproporción en las penas solicitadas —seis años de cárcel— y el elevado número de testigos propuestos, que asciende a 120 personas.
Según la representación legal de la asesora, la intención de la acusación es dilatar el proceso judicial para que coincida con periodos electorales, lo que supondría una carga excesiva para el tribunal del jurado. En este sentido, el escrito subraya que tanto la Fiscalía como el sindicato Manos Limpias —que también ejerce como acusación popular— han solicitado el sobreseimiento de las actuaciones contra Cristina Álvarez, lo que refuerza la tesis de la defensa sobre la inexistencia de delito.
En cuanto a los hechos técnicos del caso, Álvarez niega haber intervenido en la contratación del dominio del software de la cátedra dirigida por Begoña Gómez, así como en el registro de la marca ‘Transforma TSC’ o la constitución de la sociedad homónima. La defensa aclara que el registro del dominio fue realizado por Blanca de Juan, coordinadora de la cátedra, y posteriormente transferido a la mujer del presidente del Gobierno, quien también habría gestionado la marca y la sociedad.
El documento precisa que la participación de Álvarez se limitó a asistir a una reunión informativa y al intercambio de seis correos electrónicos con la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la UCM. La defensa insiste en que su representada actuó siempre bajo las instrucciones de Begoña Gómez, bajo la convicción de que sus actos eran legales y sin capacidad de ejecución delictiva.
Finalmente, la defensa cuestiona la base de la acusación de malversación al recordar que el software objeto de la controversia nunca ha dejado de estar a disposición de la Universidad Complutense, figurando un técnico del Servicio de Sistemas de la propia institución como el propietario actual. De forma subsidiaria, el escrito solicita que, en caso de condena como cooperadora, se aplique la pena inferior en grado atendiendo a su relación jerárquica con la autora principal.
