El Parlamento de Asturias aprueba la Ley LGTBI con el respaldo mayoritario de la Cámara

La Junta General del Principado de Asturias ha aprobado este miércoles la Ley LGTBI+, una normativa que ha contado con el voto favorable de los grupos de la izquierda, el Partido Popular y Foro Asturias. La iniciativa, que inició su andadura parlamentaria hace siete años, ha salido adelante con la única oposición de los cuatro diputados de Vox, consolidando un marco jurídico que busca garantizar los derechos de las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales en la comunidad autónoma.

Con la ratificación de este texto, Asturias deja de ser una de las dos únicas comunidades autónomas, junto a Castilla y León, que carecía de una legislación propia en esta materia. El objetivo de la norma es erradicar cualquier tipo de discriminación por orientación o identidad sexual, asegurando que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos fundamentales sin menoscabo de su integridad personal en el territorio asturiano.

La posición favorable del Partido Popular y Foro durante la tramitación parlamentaria se concretó tras la inclusión de modificaciones específicas en el articulado. Entre los puntos clave destaca el requisito del consentimiento familiar para los tratamientos de transición de sexo en menores de 16 años, tanto en el ámbito asistencial como sanitario. Asimismo, en el entorno educativo, solo los alumnos mayores de esa edad podrán adecuar su nombre en los registros del centro sin la intervención de sus tutores legales.

La nueva legislación autonómica introduce un régimen sancionador para castigar conductas discriminatorias y establece la prohibición explícita de las terapias de conversión en toda la red pública y concertada del Principado. Además, el texto presta una atención singular al entorno rural asturiano, incorporando medidas transversales para combatir el fenómeno conocido como «sexilio», el desplazamiento de personas LGTBI hacia entornos urbanos por falta de aceptación en sus municipios de origen.

En el ámbito escolar, la ley obliga a todos los centros educativos, públicos y concertados, a aplicar protocolos específicos contra el acoso escolar LGTBifóbico y a respetar la identidad y el nombre sentido de los estudiantes. Igualmente, se prevé la creación del Consejo de Participación LGTBI, un órgano consultivo que sustituirá al antiguo Observatorio contra la LGTBI-fobia para dinamizar la interlocución con el sector.

Por último, la normativa contempla criterios de responsabilidad social en la administración pública, estableciendo que la concesión de subvenciones tendrá en cuenta la existencia de planes o estrategias que garanticen la igualdad y la no discriminación por razón de orientación e identidad sexual en las entidades solicitantes.