La Audiencia Nacional evalúa atraer la causa contra el delegado del Gobierno en Ceuta por las alertas del CNI

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta que valore la posibilidad de inhibirse en favor de la causa nacional que investiga la entrada masiva de inmigrantes en la ciudad autónoma. Esta decisión busca unificar las diligencias abiertas contra el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, relacionadas con la gestión de las advertencias previas emitidas por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

La providencia de la magistrada se produce tras el análisis de documentación desclasificada por el Consejo de Ministros, la cual revela que los servicios de inteligencia detectaron con antelación movimientos coordinados en redes sociales para cruzar la frontera. Según los informes técnicos, el 29 de julio se identificaron convocatorias en grupos de mensajería que sumaban más de 180.000 seguidores, donde se instaba a acceder a territorio español a través de la valla fronteriza y el espigón del Tarajal al día siguiente.

La investigación se centra en el recorrido institucional que tuvieron estas alertas dentro de la Delegación del Gobierno. Los datos recabados indican que el CNI remitió comunicaciones de advertencia mediante mensajes de WhatsApp a la UCE-3 de la Guardia Civil y al jefe de Gabinete de Pérez Triano. Asimismo, fuentes gubernamentales confirman que se realizaron llamadas telefónicas al Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) para subrayar la relevancia de la amenaza antes de que se produjera la entrada de miles de personas el 30 de julio.

El procedimiento que actualmente se tramita en Ceuta tiene su origen en una denuncia de la organización Manos Limpias, a la que se sumaron posteriormente querellas de Vox y Hazte Oír. Las acciones judiciales atribuyen al delegado del Gobierno presuntos delitos de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, denegación de auxilio, así como homicidio y lesiones por imprudencia grave en comisión por omisión. La Fiscalía de Ceuta ha manifestado su conformidad con la conexión entre ambas investigaciones.

Un factor determinante en la instrucción ha sido el testimonio del antiguo jefe de Gabinete del delegado, quien dimitió recientemente de su cargo. El excolaborador ha sostenido ante las instancias correspondientes que trasladó la información de inteligencia a su superior de manera inmediata. Este punto resulta crítico para la magistrada Tardón, quien ya delimitó que el objeto de su investigación no se restringe a la autoría de la entrada masiva, sino que abarca la suficiencia de la respuesta administrativa y operativa dada por las autoridades españolas ante las señales de crisis.

Con la posible incorporación de estas diligencias a la Audiencia Nacional, se pretende esclarecer si existió una falta de diligencia en la activación de protocolos de seguridad. El juzgado ceutí deberá ahora decidir si la conducta de Pérez Triano se incardina en la estructura delictiva general que ya se instruye en Madrid, lo que supondría un avance significativo en la depuración de responsabilidades institucionales por los sucesos de la frontera.