Las asociaciones de discapacidad reclaman la actualización del límite de ingresos para acceder a la deducción de 1.200 euros
Diversas asociaciones de personas con discapacidad han denunciado la creciente dificultad para acceder a la deducción fiscal de 1.200 euros anuales en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). El núcleo del conflicto reside en el límite de ingresos de 8.000 euros netos anuales, una cifra que permanece inalterada desde el año 2006 y que, debido al incremento de la inflación y del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), está dejando fuera del beneficio a miles de familias con familiares con discapacidad a cargo.
Según los últimos datos del Imserso, correspondientes al ejercicio 2022, en España hay 3,4 millones de personas con una discapacidad acreditada, lo que supone aproximadamente el 7% de la población. La deducción en cuestión permite a los contribuyentes —ya sean trabajadores por cuenta propia o ajena, pensionistas o desempleados con prestación— desgravarse 100 euros mensuales por cada ascendiente, descendiente o cónyuge con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
Las organizaciones del sector estiman que cada año unas 35.000 personas pierden el derecho a esta ayuda al superar el umbral salarial de los 8.000 euros. Denuncian que la revalorización de las pensiones y las subidas del SMI han provocado que muchos beneficiarios sobrepasen dicho límite de forma nominal, sin que ello se traduzca en una mejora real de su capacidad económica, dado el aumento del coste de la vida. Por ello, solicitan formalmente que el límite se actualice conforme al Índice de Precios de Consumo (IPC).
Esta medida fiscal fue implementada originalmente en el año 2002 por el Gobierno de José María Aznar y tuvo su última actualización de cuantía en 2006, bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero. Desde la llegada de Pedro Sánchez al Ejecutivo en 2018, el colectivo sostiene que no se han atendido las peticiones de revisión de los criterios de acceso, a pesar de las reiteradas advertencias sobre la obsolescencia de las cifras actuales.
El Defensor del Pueblo ha intervenido en la controversia tras recibir quejas ciudadanas por la pasividad gubernamental. En su dictamen, la institución determinó que el límite de 8.000 euros ha quedado desfasado tras casi dos décadas y que su mantenimiento perjudica a familias en situaciones de dependencia económica inalteradas. El informe concluyó que es conveniente proceder a una actualización normativa, aunque la recomendación ha sido rechazada por la Administración central hasta el momento.
Expertos jurídicos en materia tributaria coinciden en calificar la situación de «injusticia fiscal». Señalan que la falta de deflactación de la tarifa estatal del IRPF y la congelación de este límite afectan de manera desproporcionada a los contribuyentes con rentas bajas. Casos de trabajadores con jornadas parciales o pensionistas con ingresos ligeramente superiores a los 10.000 euros anuales brutos quedan automáticamente excluidos, al superar el neto de 8.000 euros tras los descuentos legalmente establecidos.
El escenario proyectado por las asociaciones es de un incremento en el número de afectados en los próximos años, debido al progresivo envejecimiento de la población y la falta de voluntad política para ajustar las herramientas de protección fiscal a la realidad macroeconómica del país.
