La Presidencia madrileña cuestiona el modelo económico de la izquierda y defiende la autonomía fiscal de la región

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este jueves la gestión y la estrategia política de los grupos de izquierda durante la sesión de control en la Asamblea de Madrid. La jefa del Ejecutivo autonómico ha calificado de «ultraizquierda» a quienes, a su juicio, no respetan la alternancia democrática ni la voluntad popular, vinculando sus políticas con una supuesta coacción hacia los gobiernos y parlamentos legítimamente constituidos.

En el marco de una pregunta sobre la situación de la clase media, Díaz Ayuso ha manifestado su preocupación por el impacto de la fiscalidad en el dinamismo económico. Según la presidenta, España atraviesa un «problema nacional» derivado de una presión impositiva que desincentiva el esfuerzo de los trabajadores y genera una mayor dependencia de las administraciones públicas. En contraposición, ha reivindicado el modelo de Madrid como una región de referencia con los salarios más elevados, la menor carga fiscal del país y las mayores tasas de oportunidad laboral.

Durante su intervención parlamentaria, la mandataria regional ha señalado que el objetivo de las políticas de izquierda es la generación de pobreza para justificar la crítica hacia los sectores productivos. Asimismo, ha descrito el clima de tensión social como una respuesta a la «frustración» ante los resultados electorales, apelando a la necesidad de recuperar la «convivencia, la paz y la normalidad» bajo un marco liberal que garantice la estabilidad institucional en todo el territorio nacional.

Por otro lado, el debate ha contado con la intervención de la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, quien ha focalizado su crítica en las políticas de vivienda del Gobierno central. Moñino ha denunciado que la gestión del Ejecutivo nacional ha dificultado el acceso a la propiedad para las familias de clase media. La portavoz ha señalado una supuesta contradicción entre el discurso de los dirigentes socialistas y su patrimonio personal, acusando a diversos cargos de beneficiarse de la situación actual mientras promueven normativas que, en su opinión, agravan el problema habitacional.

La sesión ha concluido con un intercambio de reproches sobre la gestión de la vivienda y la situación económica, en un clima condicionado por la proximidad de los calendarios electorales. Mientras la Presidencia regional ha instado a la oposición a abandonar la «hipocresía» parlamentaria, los grupos de la oposición han mantenido sus críticas hacia la gestión de los servicios públicos y el acceso a derechos básicos en la Comunidad de Madrid.