La Fiscalía solicita cuatro años de prisión para un policía de Santander por acceso ilícito al sistema VioGen

La Fiscalía ha solicitado una pena de cuatro años y medio de prisión para un agente de la Policía Local de Santander acusado de un delito contra la intimidad. Según el escrito de acusación, el funcionario habría accedido de forma reiterada al sistema VioGen para consultar el nivel de riesgo de una víctima de violencia de género cuya protección no tenía encomendada, con el presunto objetivo de maniobrar para lograr una reducción en dicha calificación de seguridad.

El auto del juez instructor que abre el juicio oral revela que el agente, destinado en la Oficina de Protección de Víctimas, mantenía una relación personal con el presunto agresor, quien era su arrendador. Los indicios recabados apuntan a que el acusado, abusando de su condición de funcionario con acceso a la base de datos, consultó la información reservada y, posteriormente, contactó con el agente de la Policía Nacional encargado del caso para influir en la reevaluación del riesgo, que finalmente pasó a ser calificado como «bajo».

La defensa del agente solicitó inicialmente el sobreseimiento de la causa bajo el argumento de que el simple acceso al fichero no constituía una infracción penal. Sin embargo, el magistrado instructor rechazó esta pretensión, señalando que el acceso a datos sensibles y la posterior maniobra para intentar rebajar la protección de una víctima de la que no era responsable colman las exigencias del tipo penal por el que se le procesa.

Además de la pena privativa de libertad, el Ministerio Público reclama para el acusado diez años de inhabilitación absoluta y el pago de una indemnización de 3.000 euros a la víctima. Por su parte, la acusación particular eleva la petición de indemnización a 6.000 euros y solicita una pena de tres años de prisión junto a una multa de 8.100 euros.

La resolución judicial también declara la responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento de Santander. La administración municipal dispone de un plazo de diez días para comparecer en el procedimiento y formular su correspondiente escrito de defensa. El juicio se desarrollará en la Audiencia de Cantabria, tras confirmarse la instrucción y desestimarse los recursos de la defensa.

Este caso pone de manifiesto la rigurosidad en el control de acceso a los sistemas de protección de víctimas, subrayando que el uso de herramientas policiales para fines ajenos al servicio y vinculados a intereses personales constituye una vulneración grave de la normativa de protección de datos y de la seguridad de las personas vulnerables.