La Comunidad de Madrid solicita ante la Justicia el desalojo urgente de la acampada en la Puerta del Sol
La Comunidad de Madrid ha formalizado este jueves la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante la Justicia para solicitar la adopción de medidas cautelarísimas que obliguen a la Delegación del Gobierno a proceder al desalojo de la acampada instalada en la Puerta del Sol. El Ejecutivo autonómico fundamenta su petición en la presunta inacción de la autoridad estatal ante lo que califica como una ocupación ilegal del espacio público.
Según han informado fuentes de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, el recurso sostiene que la Delegación del Gobierno tiene la obligación imperativa de ejercer sus competencias en materia de prevención y vigilancia. El objetivo de estas acciones, argumentan desde la administración regional, debe ser garantizar la protección de las personas, los bienes y las instituciones situadas en el entorno de la plaza madrileña.
La estrategia jurídica del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso incluye un informe técnico que detalla una afección directa sobre el patrimonio histórico. El documento señala que la permanencia de la acampada genera un impacto negativo en dos Bienes de Interés Cultural (BIC): la Real Casa de Correos, sede de la presidencia regional, y la escultura del Oso y el Madroño. La Comunidad advierte que estos hechos podrían ser constitutivos de un delito de expolio contra el patrimonio cultural.
La solicitud de medidas cautelarísimas busca una resolución judicial inmediata, sin necesidad de escuchar a la parte demandada previamente, debido a la urgencia que alega el Ejecutivo madrileño. Esta vía judicial se suma a otras acciones legales emprendidas por diferentes colectivos sociales, como la reciente querella presentada por la organización Manos Limpias contra el delegado del Gobierno por estos mismos hechos.
Por el momento, la Delegación del Gobierno no ha emitido una respuesta oficial sobre la interposición de este recurso, manteniendo el criterio de actuación seguido hasta la fecha respecto a las concentraciones en la vía pública. La decisión queda ahora en manos de los tribunales, que deberán determinar si concurren las circunstancias necesarias para ordenar el desalojo forzoso del emplazamiento.
