El PSOE destaca la suspensión de un desahucio en Barcelona como primer efecto de los nuevos decretos de vivienda
El Partido Socialista ha reivindicado este jueves la efectividad inmediata de los dos decretos de vivienda aprobados recientemente por el Consejo de Ministros, tras confirmarse la suspensión del desalojo de una mujer en Barcelona. Según fuentes de la formación, este hecho se produce apenas veinticuatro horas después de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la normativa que contempla, entre otras medidas, la prórroga de la prohibición de los desahucios para personas vulnerables hasta el año 2030.
Desde la sede federal de Ferraz se ha emitido un comunicado en el que se señala que este caso representa la aplicación práctica de las medidas adoptadas por el Ejecutivo de coalición. El partido ha aprovechado la ocasión para dirigirse directamente a los grupos parlamentarios del Partido Popular, Vox y UPN, recordándoles que los 171 diputados que suman estas formaciones todavía tienen la oportunidad de apoyar la validación de estas medidas en la votación programada para este viernes.
La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, se ha pronunciado en términos similares a través de sus canales oficiales, subrayando que la vivienda debe ser tratada como un derecho y no como un activo especulativo. Torró ha instado a la oposición a clarificar su postura ante el pleno, cuestionando si los grupos parlamentarios se alinearán con la protección de la ciudadanía o con los intereses de los sectores inversores.
En el marco de la estrategia de presión parlamentaria, los socialistas han hecho alusión a las recientes declaraciones del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre la «decencia política». Desde Ferraz sostienen que la paralización de desalojos por vulnerabilidad económica es precisamente lo que define dicha decencia, contraponiendo la acción gubernamental a la postura de rechazo que ha mantenido la formación popular frente a los decretos de vivienda.
Fuentes del partido califican los decretos como herramientas «valientes y ambiciosas» y aseguran que se mantendrán las negociaciones hasta el último minuto para asegurar su permanencia. El argumento central de la formación se basa en que detrás de cada artículo de la norma se encuentran proyectos de vida que podrían verse truncados si no se mantiene la protección legal frente a la especulación inmobiliaria y los lanzamientos sin alternativa habitacional.
La votación de este viernes resultará clave para determinar la continuidad de estas medidas de protección social, en un escenario donde el Ejecutivo busca consolidar el apoyo de la mayoría parlamentaria para blindar los derechos de los inquilinos y de los colectivos en situación de exclusión residencial.
