El PSOE-M cuestiona el ingreso de Gallardón, Aguirre y Cifuentes en la Comisión Jurídica Asesora
La secretaria de Organización del PSOE-M, Pilar Sánchez Acera, ha criticado este viernes el nombramiento de los expresidentes de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, como vocales de la Comisión Jurídica Asesora regional. La dirigente socialista ha vinculado esta designación a una voluntad del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso de recabar apoyo político en relación con la gestión de activos inmobiliarios y otros asuntos de la administración autonómica.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó el pasado 22 de julio la incorporación de los tres exmandatarios del Partido Popular a este órgano consultivo. La Comisión Jurídica Asesora es el ente encargado de emitir dictámenes sobre asuntos de especial relevancia jurídica sometidos por el Gobierno regional y otras administraciones públicas madrileñas. Aunque sus conclusiones no son vinculantes, representan una referencia técnica de alto nivel para la actuación administrativa.
Sánchez Acera ha calificado los nombramientos como una forma de retribución con cargo a los presupuestos públicos. En sus declaraciones, la representante del PSOE-M ha sostenido que esta medida busca asegurar el respaldo de los expresidentes ante la fiscalización de la adquisición de un inmueble en el paseo General Martínez Campos por parte de la empresa pública Planifica Madrid, así como ante las críticas por la transparencia de determinados desplazamientos institucionales.
Por su parte, desde el PSOE de Madrid se ha incidido en que la medida supone una contradicción respecto a la supresión previa del antiguo Consejo Consultivo. A través de canales oficiales, la formación ha cuestionado el uso de fondos públicos para financiar las dietas de los nuevos vocales, señalando que la asistencia a estas comisiones conlleva una compensación económica que consideran innecesaria para ex cargos de alta responsabilidad.
En el plano económico, los miembros de la Comisión Jurídica Asesora percibirán una dieta máxima de 750 euros por cada sesión a la que asistan. Atendiendo al calendario de reuniones de 2025, que contempla 45 plenos, la cuantía anual máxima podría alcanzar los 33.750 euros por vocal, siempre que se verifique la asistencia efectiva a la totalidad de las convocatorias.
Fuentes de la Consejería de Presidencia, dirigida por Miguel Ángel García Martín, han precisado que los 750 euros no constituyen un salario fijo, sino un límite máximo supeditado a la concurrencia real y a las condiciones específicas de cada caso. La administración autonómica ha subrayado que la cuantía final dependerá de las circunstancias personales que permitan a los vocales acudir a las sesiones plenarias.
Esta medida se ampara en el nuevo Estatuto de Expresidentes de la Comunidad de Madrid, regulado mediante el Decreto 59/2025. La normativa establece que aquellos exmandatarios que hayan ejercido el cargo durante al menos dos años pueden ser nombrados vocales electivos de la citada comisión tras su cese. El texto legal también contempla una compensación transitoria del 80% de sus retribuciones durante un máximo de dos años para los cesados en el actual mandato.
Desde el Gobierno regional defienden que esta regulación busca homologar a la Comunidad de Madrid con la estructura administrativa del Estado y de otras comunidades autónomas, permitiendo aprovechar la experiencia institucional de los antiguos jefes del Ejecutivo en labores de asesoramiento jurídico cualificado.
