El Principado de Asturias descarta el alquiler de pisos para menores en Oviedo tras detectarse deudas y vínculos familiares

OVIEDO. El Gobierno del Principado de Asturias ha formalizado la cancelación del plan para alquilar tres inmuebles en el barrio de La Florida, en Oviedo, destinados a la acogida de menores extranjeros no acompañados procedentes de Ceuta. La decisión administrativa se fundamenta en la detección de deudas pendientes de la empresa propietaria con la Seguridad Social y el propio Principado, coincidiendo además con la revelación de vínculos de parentesco entre la titular de la sociedad arrendadora y el responsable del Servicio de Infancia y Familias.

La sociedad mercantil García-Villamil S.L., propietaria de los inmuebles seleccionados, presenta seis embargos preventivos por un valor total de 186.000 euros. Según los informes técnicos, esta situación financiera contraviene la normativa de contratación pública, que exige que cualquier proveedor o arrendador de la Administración se encuentre al corriente de sus obligaciones fiscales y laborales. El Ejecutivo autonómico ha señalado que estas cargas administrativas impiden legalmente la formalización de cualquier contrato de alquiler.

Más allá de las causas financieras, la operación ha quedado marcada por el factor del parentesco en la cadena de mando. La propietaria de la empresa, Marta Villamil, es prima hermana de Fernando Villamil, jefe del Servicio de Infancia y Familias, organismo dependiente de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar que coordina el sistema de pisos tutelados. Desde la Presidencia del Principado se ha indicado que tanto el presidente Adrián Barbón como la consejera del ramo, Nerea Monroy, desconocían este vínculo familiar durante las fases previas de la tramitación del expediente.

El procedimiento se iba a articular a través de la Fundación Diagrama Intervención Psicosocial, entidad que figuraría como titular del arrendamiento y que sería posteriormente subvencionada por el Gobierno asturiano. Los inmuebles en cuestión, que en el pasado albergaron una residencia de ancianos, tenían un coste de alquiler proyectado cercano a los 5.000 euros mensuales.

La paralización del proyecto se produce en un contexto de fuerte movilización social. Los residentes del barrio de La Florida han mantenido concentraciones de protesta durante casi un mes contra la instalación de este centro de acogida en una zona residencial. Tras el desistimiento de este contrato, la Administración autonómica ha confirmado que ya se encuentra en la búsqueda de inmuebles alternativos para dar cumplimiento a los acuerdos de acogida de menores derivados de la crisis migratoria del pasado mes de julio.

El Servicio de Infancia y Familias continúa siendo el departamento encargado de supervisar la tutela de estos menores, si bien la firma de nuevos contratos quedará sujeta a una revisión exhaustiva para garantizar el cumplimiento estricto de los principios de transparencia y concurrencia pública.