La Justicia suspende un desahucio en Barcelona en aplicación de los nuevos reales decretos de vivienda
Una magistrada de Barcelona ha ordenado este jueves la suspensión del lanzamiento de una vivienda en el distrito de Sant Andreu, amparándose en la normativa técnica recogida en los últimos reales decretos aprobados por el Consejo de Ministros. Esta resolución representa la primera paralización de un desahucio vinculada a este marco legal desde su reciente entrada en vigor, según han confirmado fuentes jurídicas y el Sindicat de Llogateres i Llogaters.
El desahucio, que estaba previsto para las 9:30 horas en un inmueble de la calle Otger, fue suspendido tras la presentación de un incidente de suspensión por parte de la defensa de la arrendataria. El juzgado ha fundamentado su decisión en la necesidad de adoptar medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda, precepto incluido en los decretos ley que buscan reforzar las garantías habitacionales frente a lanzamientos de personas en situación de vulnerabilidad.
Esta decisión judicial trasciende el ámbito local al coincidir con la agenda legislativa de las Cortes Generales. El Congreso de los Diputados celebrará este viernes una sesión plenaria en la que se someterán a votación ambos reales decretos para su convalidación o derogación. La vigencia de las medidas que han permitido la suspensión de este lanzamiento en Sant Andreu dependerá del resultado de dicha votación parlamentaria.
Durante la mañana de este jueves, decenas de vecinos y activistas se concentraron frente a la vivienda para manifestar su apoyo a la inquilina, quien ya había afrontado un primer intento de desalojo el pasado mes de julio. La movilización transcurrió sin incidentes tras conocerse la resolución de la magistrada, que pospone la ejecución de la orden judicial hasta que se clarifique el escenario normativo y se evalúe la situación de la ocupante bajo los nuevos criterios sociales.
Desde los sectores sociales que promueven el derecho a la vivienda, se ha señalado la relevancia de este caso como un indicador del impacto inmediato de la legislación estatal en el ámbito judicial. El debate en la Cámara Baja determinará mañana si este blindaje jurídico se consolida como parte del ordenamiento vigente o si, por el contrario, decae ante la falta de apoyos políticos suficientes para su convalidación definitiva.
