El alcalde de Móstoles anuncia una querella contra el delegado del Gobierno por vulneración del honor

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, ha anunciado la interposición de una querella criminal contra el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, por una presunta vulneración de su derecho al honor. La medida judicial responde a las declaraciones realizadas por el representante gubernamental durante la celebración de la Junta Local de Seguridad, en las que se aludió a la situación procesal del regidor.

Fuentes municipales han confirmado que la decisión de Bautista se fundamenta en el uso de información relativa a una querella admitida a trámite contra su persona por presunto acoso a una exedil de la localidad. El alcalde ha calificado de «vergonzoso» que se utilicen espacios institucionales de coordinación de seguridad para fines que, a su juicio, son ajenos al interés general de los ciudadanos y responden a estrategias políticas.

En una comparecencia pública realizada ante las puertas del Ayuntamiento de Móstoles, el primer edil ha descartado presentar su dimisión. Bautista ha defendido su continuidad en el cargo asegurando que seguirá trabajando para el municipio y ha definido el escenario judicial actual como una «cacería política» dirigida contra su gestión al frente del consistorio madrileño.

El trasfondo de esta confrontación institucional radica en la decisión de la magistrada titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Móstoles, quien recientemente admitió a trámite una querella presentada por una exconcejala del Partido Popular. En dicha denuncia se atribuyen a Bautista presuntos delitos de acoso sexual y laboral. El calendario judicial establece que la demandante comparecerá para prestar declaración el próximo 29 de junio.

Con este anuncio, la crisis institucional en Móstoles se desplaza al ámbito jurisdiccional por partida doble: por un lado, la investigación penal sobre la conducta del alcalde hacia una antigua colaboradora y, por otro, la demanda civil o penal que Bautista pretende ejercer contra el delegado del Gobierno por sus manifestaciones públicas.