Condenan a Ione Belarra a pagar 9.000 euros al juez García-Castellón por vulneración del derecho al honor

Un juzgado de Madrid ha condenado a la secretaria general de Podemos y diputada en el Congreso, Ione Belarra, al pago de una indemnización de 9.000 euros en favor del magistrado jubilado Manuel García-Castellón. La sentencia determina que las manifestaciones publicadas por la parlamentaria en la red social X, en las que calificaba al juez de «corrupto», suponen una intromisión ilegítima en su derecho al honor al imputarle delitos sin base fáctica.

El fallo judicial estima de manera parcial la demanda interpuesta por el exmagistrado de la Audiencia Nacional, quien inicialmente reclamaba una compensación económica de 350.000 euros. Además de la cuantía fijada por daños morales, la resolución obliga a Belarra a publicar el contenido de la sentencia en su perfil oficial de la red social X o en un medio de características similares, con el fin de reparar el daño causado en el mismo canal donde se produjeron las declaraciones.

La controversia jurídica tiene su origen en dos mensajes publicados por la líder de Podemos en el año 2024, coincidiendo con la jubilación del magistrado. En dichos textos, Belarra se refería a García-Castellón como uno de los «jueces corruptos» que habrían «prevaricado contra quienes defendemos otra idea de España» y le acusaba de dirigir una «guerra sucia judicial» contra su formación política. El tribunal ha subrayado que estas expresiones constituyen la atribución directa de la condición de delincuente, calificándolo como la imputación más grave que puede realizarse contra un ciudadano.

Tras la notificación de la sentencia, Ione Belarra ha manifestado públicamente su desacuerdo con la decisión judicial. A través de sus canales oficiales, la diputada ha reiterado sus críticas, afirmando que el magistrado «ha protegido a los corruptos del PP» y ha sostenido que este tipo de condenas no conseguirán silenciar su actividad política ni la de su partido. Belarra ha enmarcado el fallo en lo que denomina una estrategia de persecución judicial contra Podemos.

En la misma línea se han pronunciado otros cargos de la formación morada. El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha calificado la resolución como una prueba de la falta de «normalidad democrática» en el sistema judicial español. Por su parte, la eurodiputada Irene Montero ha trasladado su apoyo a Belarra, insistiendo en las acusaciones de «guerra sucia» y denunciando un intento de disciplinar mediante castigos económicos la crítica a sectores de la judicatura.

El tribunal, en sus fundamentos de derecho, ha precisado que el derecho a la libertad de expresión no es absoluto y no ampara el insulto o la atribución de delitos graves cuando estos no han sido acreditados. La sentencia concluye que las palabras empleadas por la demandada superaron el ámbito de la crítica política para adentrarse en el descrédito personal y profesional del magistrado, afectando directamente a su reputación institucional.