La juez Biedma testifica ante la Audiencia Nacional por presuntas presiones a la UCO en el caso de David Sánchez
La magistrada Beatriz Biedma, titular del juzgado de Badajoz que instruye la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha declarado este jueves ante el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional. En su comparecencia en calidad de testigo y perjudicada, Biedma ha denunciado haber sido objeto de seguimientos personales entre 2024 y 2025, además de señalar que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recibieron instrucciones para que sus informes fueran supervisados antes de ser entregados al juzgado.
Durante las dos horas de interrogatorio, la magistrada relató que la dirección del Instituto Armado habría solicitado a los agentes de la unidad especial el acceso previo al contenido de las investigaciones sobre el hermano del jefe del Ejecutivo. Según el testimonio de Biedma, esta exigencia de supervisión se produjo tras la filtración de comunicaciones en otras causas judiciales de repercusión pública, lo que habría condicionado la autonomía de los investigadores en la elaboración de sus diligencias para el juzgado de Badajoz.
La declaración ante el magistrado Pedraz se enmarca en la investigación sobre una presunta trama destinada a desacreditar profesional y personalmente a la juez. Biedma, que ejerce la acusación particular en este procedimiento, sostuvo que se vio afectada por una campaña de desprestigio vinculada a su labor judicial. No obstante, al ser preguntada por los organizadores de dicha operativa, la magistrada afirmó no conocer a figuras señaladas en la denuncia, como la exmilitante Leire Díez, ni tener constancia directa de quién dirigía las acciones en su contra.
El juez Santiago Pedraz admitió a Biedma como acusación particular al considerar que existen indicios de que la magistrada resulta perjudicada, al menos, por un presunto delito de calumnia. La instrucción busca ahora determinar si los hechos relatados por la testigo, incluyendo los seguimientos y las presiones a la UCO, forman parte de una estructura organizada para interferir en la causa penal que instruye en Extremadura.
Este testimonio añade un nuevo elemento de análisis a la situación de la independencia judicial en causas de alta sensibilidad política. Las revelaciones sobre la supuesta supervisión de informes policiales por parte de la jerarquía de la Guardia Civil antes de su remisión al control jurisdiccional serán objeto de evaluación por la Audiencia Nacional en las próximas fases de la instrucción.
