La movilización social logra suspender el desahucio de una familia en el distrito de San Blas-Canillejas
Una concentración de más de un centenar de activistas ha conseguido paralizar este jueves el lanzamiento de una familia compuesta por dos adultos y tres menores de edad que residían en un local de la Agencia de Vivienda Social (AVS) en el distrito madrileño de San Blas-Canillejas. El procedimiento, ordenado por la Sección de lo Contencioso-Administrativo número 32 de Madrid, ha sido aplazado sin una nueva fecha fijada tras la mediación entre los colectivos sociales y la comisión judicial desplazada al inmueble.
La familia afectada, encabezada por Tamara González, habita desde hace doce años en un espacio comercial de la calle Lenceros, número 14, que fue adaptado como vivienda. Según los datos facilitados por la defensa de los residentes, la situación de vulnerabilidad del núcleo familiar es alta: uno de los menores cuenta con un grado II de dependencia y discapacidad, mientras que otra de las hijas sufre epilepsia y se encuentra a la espera de una evaluación médica especializada.
El Sindicato de San Blas-Canillejas, organización que convocó la movilización bajo el lema «Tamara y su familia se quedan», ha denunciado que la notificación de esta segunda fecha de desahucio se entregó con solo una semana de margen. La portavoz de la organización, Naiara Ortega, señaló que este plazo resultó insuficiente para gestionar una alternativa habitacional y criticó que, pese a las múltiples solicitudes de alquiler social y regularización presentadas por la familia ante la AVS, todas han sido denegadas hasta el momento.
Por su parte, fuentes de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid han mantenido una postura institucional basada en el cumplimiento de la legalidad vigente. El departamento que dirige Jorge Rodrigo ha calificado el caso como una «ocupación ilegal» y ha recordado que el procedimiento judicial ha seguido el cauce contencioso-administrativo ordinario. Según la administración regional, el acceso a la vivienda pública debe realizarse exclusivamente a través de los procedimientos legales establecidos para no vulnerar los derechos de otros solicitantes en lista de espera.
Desde la Consejería se ha subrayado que, atendiendo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la ocupación de un inmueble no puede constituir una vía de acceso preferente a una vivienda de protección pública. Asimismo, han indicado que las situaciones de necesidad o emergencia social deben ser valoradas y canalizadas a través de los servicios sociales competentes y los mecanismos de emergencia correspondientes, diferenciando la vulnerabilidad social de la ocupación irregular de bienes públicos.
Este es el segundo intento de lanzamiento que se suspende en este domicilio, tras un primer operativo el pasado 22 de septiembre que también fue frenado por la presión vecinal. El aplazamiento actual se produce en un contexto de especial sensibilidad social en la capital, tras el reciente fallecimiento de una mujer de 87 años que fue desalojada de su vivienda en el mes de septiembre y que permaneció hospitalizada hasta su deceso.
Tras la retirada de la comisión judicial, los portavoces sindicales han instado a las administraciones a buscar una solución habitacional estable que evite un tercer señalamiento. No obstante, el Ejecutivo autonómico insiste en que la normativa impide regularizar situaciones que no cumplan con los requisitos legales de acceso a la Red de Viviendas de la Comunidad de Madrid.
