El Gobierno establece indemnizaciones por la no prórroga de contratos de alquiler en el nuevo decreto de vivienda

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves el segundo real decreto-ley de vivienda impulsado por el Gobierno de España, una normativa que introduce cambios significativos en el régimen de los contratos de alquiler de vivienda habitual. La medida estrella de este texto legal es la obligatoriedad del arrendador de indemnizar al inquilino en aquellos casos en los que decida no prorrogar el contrato una vez transcurrido el periodo de duración mínima legal, fijado en cinco años para personas físicas y siete años para personas jurídicas.

La cuantía de dicha compensación será, con carácter general, equivalente a un mínimo de doce mensualidades de la renta de una vivienda de características similares a la arrendada. Según especifica la norma, este pago deberá hacerse efectivo al arrendatario en el mismo momento de la entrega de las llaves y la desocupación del inmueble, tomando como referencia el precio de mercado para el cálculo de la indemnización.

Asimismo, el real decreto modifica el artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para ampliar los plazos de preaviso. A partir de la entrada en vigor de la norma, el propietario deberá comunicar su intención de no prorrogar el contrato con una antelación mínima de seis meses, frente a los cuatro meses exigidos anteriormente. Por su parte, el plazo para el inquilino se mantiene en dos meses de antelación para informar sobre su voluntad de no renovar el vínculo contractual.

Desde el Ejecutivo, la ministra Isabel Rodríguez ha manifestado que el texto ha sido elaborado con «rigor» técnico, aunque ha admitido la previsibilidad de que la norma sea recurrida ante los tribunales. Rodríguez ha señalado que no tiene «temor» ante posibles recursos judiciales, si bien ha mostrado su preocupación por la tendencia de algunas administraciones autonómicas y formaciones políticas de judicializar las medidas impulsadas por el Gobierno central.

En el ámbito de la actualidad autonómica madrileña, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante la Justicia. La administración regional solicita medidas cautelarísimas para proceder a la «inmediata disolución» de la acampada situada en la Puerta del Sol, alegando una situación de «inacción» por parte de la Delegación del Gobierno en la gestión del espacio público.