Mónica García defiende la movilización social por la vivienda y vincula los nuevos decretos a la iniciativa de Sumar
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha manifestado este miércoles su respaldo a las movilizaciones ciudadanas en la Puerta del Sol de Madrid, calificándolas de «maravillosas» en el marco de la crisis habitacional. La titular de Sanidad ha enmarcado estas protestas dentro de la necesidad de aplicar medidas estructurales contra la especulación, subrayando que el contenido del real decreto-ley para la prórroga de los contratos de alquiler, publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), emana de propuestas registradas previamente por Sumar y Más Madrid en el Parlamento.
En declaraciones realizadas en el ámbito mediático y recogidas por Europa Press, García ha vinculado el origen de la acampada madrileña al reciente desahucio de una ciudadana de 87 años. Para la ministra, la movilización ciudadana en defensa de las personas mayores refleja un compromiso social necesario. No obstante, ha centrado el núcleo de su intervención en la arquitectura legislativa necesaria para garantizar el derecho constitucional a la vivienda, según lo estipulado en el artículo 47 de la Carta Magna.
La representante del Ejecutivo ha responsabilizado directamente a los grupos de la oposición de derecha por la situación actual del mercado inmobiliario. Según García, estas formaciones han bloqueado de manera «sistemática» durante los últimos cuatro años las iniciativas gubernamentales destinadas a regular los precios del alquiler y a impedir que los fondos de inversión adquieran inmuebles destinados a la vivienda social.
«Desde Más Madrid registramos estas medidas hace menos de un año porque entendemos que es la vía estructural para evitar que se cuele la especulación», ha señalado la ministra. García ha defendido que las normativas impulsadas por su espacio político y aprobadas el pasado martes en el Consejo de Ministros buscan poner fin a prácticas que, a su juicio, han contribuido a generar una «sociedad rota», especialmente en núcleos urbanos de alta demanda como la Comunidad de Madrid.
En cuanto al impacto de las medidas, la titular de Sanidad estima que la plena vigencia de los Reales Decretos permitirá que aproximadamente cinco millones de personas obtengan una mayor seguridad jurídica y económica. El objetivo principal, según ha destacado, es evitar que los propietarios echen mano de subidas discrecionales en las rentas, permitiendo así que los inquilinos puedan habitar sus viviendas con mayor tranquilidad.
La convalidación de estas medidas llega en un momento de tensión parlamentaria, donde el Ejecutivo busca asegurar los apoyos necesarios para consolidar los decretos de vivienda frente a las reticencias de otros grupos de la Cámara, quienes han llegado a calificar el apoyo a estas medidas como un riesgo político para la estabilidad de la legislatura.
