Un juzgado investiga al Ministerio de Justicia por presunta manipulación de pruebas digitales
El Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid ha iniciado una investigación formal contra un alto cargo del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes por un presunto delito de falsificación de documentos públicos. La causa se centra en la supuesta manipulación de una grabación judicial custodiada en los servidores del departamento que dirige Félix Bolaños, quien ha invocado razones de seguridad nacional para restringir el acceso detallado a la información técnica requerida por la autoridad judicial.
El principal investigado en el procedimiento es el director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia, Aitor Cubo. La juez Susana Trujillano trata de esclarecer si se produjo una alteración en el registro audiovisual del testimonio de un menor, realizado en marzo de 2022 ante un juzgado de Valladolid en el marco de un proceso de custodia. La acusación particular sostiene que la integridad de la prueba fue comprometida dentro del sistema eFidelius, la plataforma utilizada para la digitalización y explotación de las vistas orales en el ámbito judicial.
Ante las peticiones de la acusación para obtener el manual de software, los protocolos de acceso y los niveles de edición del sistema, el Ministerio de Justicia ha rechazado facilitar la información técnica hasta en tres ocasiones. En su última comunicación al juzgado, el departamento remitió archivos encriptados acompañados de una advertencia: la difusión de estos detalles técnicos podría facilitar ciberataques y comprometer la seguridad de los sistemas de información judicial, vinculando dicha protección a la seguridad nacional.
Esta restricción ha generado un conflicto procesal, ya que la advertencia del Ministerio impide que las partes compartan la documentación con peritos especializados. De hacerlo, los profesionales podrían incurrir en delitos de revelación de secretos, castigados con penas de inhabilitación y prisión. La representación legal de la acusación ha denunciado ante el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) que estas instrucciones suponen un obstáculo insalvable para el ejercicio del derecho de defensa y la contradicción de las pruebas.
El uso del argumento de seguridad nacional por parte del Ministerio de Justicia contrasta con actuaciones anteriores del Gobierno, como la desclasificación de informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) relativos a la crisis migratoria en Ceuta. Asimismo, fuentes del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) han indicado que la información técnica solicitada sobre los sistemas de grabación no posee de oficio la calificación de reservada, lo que añade complejidad al debate sobre la transparencia del sistema eFidelius.
Por el momento, el ICAM ha derivado el expediente a su Departamento de Defensa de la Abogacía para realizar un seguimiento institucional. La investigación judicial continúa su curso para determinar si el acceso a los servidores centrales del Ministerio permitió la modificación de los archivos de video una vez firmados digitalmente, una capacidad que el sistema, en teoría, debería impedir para garantizar la fe pública judicial.
