Bolaños rechaza las acusaciones de financiación ilegal y sitúa la vivienda como eje de la campaña electoral

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado este viernes que no existe fundamento legal para imputar al PSOE por financiación ilegal, tal como ha solicitado el Partido Popular. En una entrevista concedida a RAC1, el titular de Presidencia ha enmarcado esta estrategia en un intento de la oposición por «embarrar» la campaña electoral de cara a los comicios del próximo 29 de noviembre, con el objetivo de evitar el debate sobre las políticas sociales y económicas del Ejecutivo.

Bolaños ha definido la próxima cita con las urnas como una disyuntiva entre la continuidad de un «gobierno progresista» o la formación de uno «reaccionario». Según el ministro, la prioridad del Partido Socialista será centrar el discurso en materias de gestión cotidiana como la vivienda, las pensiones, las becas y el crecimiento económico, rechazando entrar en lo que ha calificado como una «trampa» dialéctica de la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo.

En relación con las encuestas que otorgan una mayoría parlamentaria al bloque formado por el PP y Vox, el ministro se ha mostrado escéptico sobre la fiabilidad de dichos sondeos. Bolaños ha recordado casos anteriores de líderes políticos que lideraban las encuestas y no llegaron a la presidencia, citando específicamente a Albert Rivera y Pablo Casado, y ha señalado que el PSOE suele obtener mejores resultados en el escrutinio final que en las proyecciones previas.

En materia de vivienda, uno de los puntos clave de su intervención, el ministro ha defendido la eficacia de la Ley de Vivienda aprobada en 2022, aunque ha recordado que la ejecución de las competencias corresponde a las comunidades autónomas. Bolaños ha contrastado la situación de la Comunidad de Madrid, donde sostiene que los alquileres están «desbocados», frente a la de Cataluña, donde asegura que los precios han experimentado una reducción, a pesar de reconocer que siguen siendo elevados.

Asimismo, ha expresado su sorpresa por la negativa de Junts a convalidar los decretos de vivienda en el Congreso. El ministro ha atribuido el cambio de posición de la formación posconvergente a supuestas conversaciones con patronales del sector que se oponían a la regulación, lamentando que no se permitiera el avance de la norma estatal en determinados aspectos técnicos.

Respecto a la situación política en Cataluña, Bolaños ha descartado que un eventual Gobierno de coalición entre PP y Vox pueda reactivar un proceso independentista similar al de 2017. A su juicio, la realidad social de la comunidad ha cambiado significativamente y ha dado por alcanzado el objetivo de cohesión social que perseguía la Ley de Amnistía, la cual se encuentra ya en su «recta final» de aplicación.

Finalmente, al ser consultado sobre la situación judicial del exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el ministro no ha descartado la posibilidad de un futuro indulto. Bolaños se ha limitado a señalar que el Gobierno está estudiando el expediente correspondiente, manteniendo la prudencia institucional sobre los pasos a seguir en este procedimiento legal.