Choque en el Congreso por la suspensión cautelar del voto a 400.000 nacionalizados por la ‘ley de nietos’
La sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles en el Congreso de los Diputados ha estado marcada por el enfrentamiento dialéctico entre el Ejecutivo y la oposición a cuenta de la reciente decisión del Tribunal Supremo. El Alto Tribunal ha suspendido cautelarmente los efectos electorales para una parte de los ciudadanos nacionalizados bajo la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, conocida como ‘ley de nietos’, lo que ha derivado en acusaciones cruzadas sobre la protección del Estado de Derecho y la integridad del censo electoral.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha acusado al Partido Popular de promover un «recorte masivo» del derecho al voto que afectaría a 400.000 españoles residentes en el exterior. Bolaños ha defendido la legalidad de la instrucción de 2022 que desarrolla la norma, argumentando que mantiene el mismo criterio que la aplicada en 2008 durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, bajo la presunción de que quienes emigraron entre 1936 y 1955 lo hicieron por motivos políticos o económicos derivados del conflicto civil.
Por su parte, la secretaria de política parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, ha reprochado al ministro las críticas lanzadas desde sectores del Gobierno hacia el Tribunal Supremo, calificándolas de ataques al Poder Judicial. Gamarra ha cuestionado si el Ministerio de Justicia ampara declaraciones que tildan la decisión judicial de «salvajada» o «atropello democrático». Según la diputada popular, el Ejecutivo ha utilizado una instrucción administrativa para ampliar el derecho a la nacionalidad y al voto más allá de lo estrictamente recogido en la ley aprobada por las Cortes Generales.
La controversia tiene su origen en el auto del Tribunal Supremo de la pasada semana, que atendió las medidas cautelares solicitadas por Vox y la asociación Iustitia Europa. La resolución judicial suspende el voto de las personas ya inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) por esta vía, así como las nuevas altas, a menos que acrediten fehacientemente ser descendientes de exiliados. Esta medida afecta a la participación electoral inmediata hasta que se resuelva el fondo del asunto sobre la legalidad de la instrucción ministerial.
Durante su intervención, Gamarra ha hecho hincapié en que «una instrucción no es una ley» y ha acusado al Gobierno de abrir una «puerta de atrás» en el censo electoral. La dirigente popular ha defendido la postura de su partido asegurando que el cumplimiento de la ley es la base de la democracia, mientras que ha criticado la «agresividad sincronizada» del Gabinete de Pedro Sánchez ante resoluciones judiciales que no coinciden con sus intereses políticos.
En el turno de respuesta, el ministro Bolaños ha recordado declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el año 2022, donde se mostraba partidario de impulsar la nacionalidad para los descendientes de españoles. El titular de Justicia ha calificado de «hipócrita» la postura actual de la formación conservadora y ha reafirmado el compromiso del Gobierno de garantizar que todos los españoles, independientemente de su lugar de residencia, mantengan la plenitud de sus derechos democráticos.
El debate también ha contado con la participación de la portavoz de Vox, Pepa Millán, quien ha acusado al Gobierno de intentar «sustituir» al electorado mediante una alteración del censo que, a su juicio, carece de base legal suficiente. Millán ha sostenido que la suspensión cautelar es una victoria para la legalidad vigente, ante lo que Bolaños ha respondido acusando a la formación de Santiago Abascal de querer establecer una distinción entre «españoles de primera y de segunda».
La jornada parlamentaria concluye con una división profunda sobre la interpretación de la Ley de Memoria Democrática y su aplicación técnica. Mientras el Gobierno insiste en que se trata de una reparación histórica a los descendientes del exilio, la oposición parlamentaria vincula la expansión del censo CERA con una estrategia política, delegando en los tribunales la resolución final sobre los requisitos para acceder a la nacionalidad y al sufragio.
