El Senado de Bolivia crea una comisión especial para investigar a Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias
La Cámara de Senadores de Bolivia aprobó este miércoles la conformación de una «Comisión Especial de Investigación» destinada a esclarecer la presunta influencia ejercida por el expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, en favor del conglomerado peruano Grupo Gloria. Las indagaciones se centrarán en una supuesta mediación ante autoridades bolivianas que habría tenido como contraprestación un pago de 200.000 euros.
Según el comunicado oficial emitido por la Cámara alta, la comisión tendrá la responsabilidad de indagar las gestiones realizadas por Rodríguez Zapatero y otros actores, tanto nacionales como extranjeros, que pudieran haber incidido en «decisiones judiciales y constitucionales relacionadas con un litigio empresarial». El grupo de trabajo estará integrado por seis senadores de las distintas fuerzas políticas con representación parlamentaria y dispondrá de un plazo máximo de tres meses para presentar su informe final ante el pleno.
La iniciativa legislativa surge tras la difusión de un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional de España. Dicho documento sostiene que el exmandatario español habría participado en una «dinámica de intermediación» orientada a beneficiar los intereses del Grupo Gloria. Las pruebas recopiladas por la UDEF incluyen conversaciones de mensajería electrónica y anotaciones en agendas que también forman parte de las investigaciones del caso Plus Ultra en España.
El reporte de la unidad policial española señala la presunta implicación de figuras de alto nivel del Gobierno boliviano durante el periodo 2020-2025. Entre los nombres citados figuran el expresidente Luis Arce, tres de sus ministros, el entonces procurador general Ricardo Condori y la exembajadora de Bolivia en España, Carmen Almendras. Las pesquisas apuntan a que estas autoridades habrían facilitado el entorno necesario para las gestiones de influencia bajo sospecha.
El origen del conflicto legal se remonta a una disputa iniciada en 2010 entre la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) —de la cual el Grupo Gloria es accionista mayoritario— y la estatal Fábrica Nacional de Cementos (Fancesa). El litigio versa sobre la tenencia de acciones y acusaciones de competencia desleal, con demandas de compensación económica millonarias por parte del grupo peruano tras la reversión de activos por parte del Estado boliviano.
Por su parte, el expresidente Luis Arce, quien se encuentra actualmente bajo detención preventiva desde diciembre de 2025 por una causa distinta relativa a corrupción, ha rechazado públicamente cualquier vínculo con redes de tráfico de influencias en favor de Soboce. No obstante, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó recientemente una sentencia que obliga a la empresa vinculada al Grupo Gloria a pagar 74,4 millones de dólares en favor de la estatal Fancesa, cerrando uno de los capítulos judiciales que la comisión legislativa se dispone ahora a revisar bajo la lupa de la transparencia institucional.
