Alrededor de un centenar de efectivos del Cuerpo de Bomberos Forestales de la Comunidad de Madrid se han concentrado este viernes frente a la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia regional, para exigir el reconocimiento de su categoría profesional y la estabilización de sus condiciones laborales. El colectivo, que suma más de 1.200 días en huelga indefinida, denuncia la falta de interlocución con el Ejecutivo autonómico y reclama la vigencia de contratos durante los doce meses del año.
El representante del Comité de Huelga de los Bomberos Forestales Públicos, Alfonso Ferrer González, ha señalado que los trabajadores llevan más de 800 días sin mantener una negociación directa con la Administración regional, encabezada por la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior. Según el portavoz, las propuestas presentadas hace meses por la Comunidad son «inasumibles», al contemplar un complemento de 132 euros brutos para el año 2027 en concepto de toxicidad, peligrosidad y esfuerzo físico.
Entre las principales quejas destaca la clasificación actual de los profesionales en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). El comité denuncia que, en sus comunicaciones contractuales, no figuran bajo la categoría de bomberos forestales, sino bajo epígrafes como «conductores asalariados de furgonetas» o «mantenedores de edificios». Esta situación administrativa, aseguran, dificulta el reconocimiento de enfermedades profesionales y el acceso a los complementos salariales vinculados a la naturaleza de su trabajo.
En cuanto a la operatividad del servicio, Ferrer ha advertido sobre un déficit de personal para afrontar las campañas de incendios. Según los datos aportados por los manifestantes, de las 124 plazas presupuestadas, actualmente solo hay 60 trabajadores en activo. El colectivo sostiene que esta falta de efectivos obliga a la Comunidad a solicitar refuerzos externos ante siniestros de entidad, mientras se mantiene una parte de la plantilla propia sin contratar fuera de los periodos de máximo riesgo.
Asimismo, los bomberos han denunciado deficiencias en materia de prevención de riesgos laborales, señalando la existencia de equipos de protección individual (EPI) caducados y material técnico antiguo. El colectivo reclama trabajar de forma ininterrumpida durante todo el año para poder desarrollar labores de prevención y mantenimiento de los montes durante los meses de invierno, lo que reduciría el riesgo y la virulencia de los incendios estivales.
La movilización ha contado con el respaldo de representantes de Más Madrid, PSOE y Podemos en la Asamblea regional. Los portavoces parlamentarios han coincidido en calificar el servicio como «esencial» y han instado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a mejorar la inversión en el patrimonio natural y a ofrecer contratos dignos que correspondan a la responsabilidad de los trabajadores. Durante la protesta, los manifestantes intentaron entregar una carta dirigida a la Presidencia solicitando la apertura de una «negociación real» para poner fin al conflicto laboral.
