La Comisión Europea urge a España a reforzar la independencia judicial y la lucha contra la corrupción

La Comisión Europea ha publicado su informe anual sobre el Estado de derecho, en el que señala deficiencias en la arquitectura institucional de España y urge al Gobierno a acometer reformas estructurales para garantizar la separación de poderes. El documento, elaborado por el Ejecutivo comunitario que preside Ursula von der Leyen, pone el foco en la parálisis de la renovación de los órganos judiciales, el control de la corrupción y la necesidad de una mayor transparencia en la gestión pública.

Entre las principales advertencias de Bruselas destaca la situación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El informe insiste en la necesidad de reformar el sistema de elección de sus vocales para adaptarlo a los estándares europeos, garantizando que al menos la mitad de ellos sean elegidos por los propios magistrados. Asimismo, la Comisión ha recogido la inquietud de la judicatura española ante los señalamientos públicos y las acusaciones de ‘lawfare’ vertidas desde el ámbito político, exigiendo un respeto institucional estricto para preservar la confianza ciudadana en la justicia.

En el ámbito del Ministerio Fiscal, el organismo europeo apremia a las autoridades españolas a avanzar en la separación de los mandatos entre el Fiscal General del Estado y el Gobierno. Si bien se reconocen ciertos avances formales en el estatuto orgánico, Bruselas considera imperativo blindar la autonomía real de la institución para evitar cualquier sombra de injerencia política en la acción penal.

El informe dedica un apartado crítico a la percepción de la integridad pública. Según los datos manejados por la Comisión, un 92% de la población española percibe que la corrupción está generalizada, una cifra significativamente superior a la media de la Unión Europea, situada en el 71%. Aunque se valora positivamente el Plan Estatal Anticorrupción, el texto advierte que la complejidad de las investigaciones, la lentitud de los procesos judiciales y la falta de recursos técnicos siguen dificultando la persecución efectiva de las grandes tramas de corrupción.

En materia legislativa, el Ejecutivo comunitario reclama el desbloqueo de normativas fundamentales que permanecen paralizadas en las Cortes Generales. Entre las peticiones expresas figura la creación de un registro público para la regulación de los ‘lobbies’, un control más riguroso sobre los conflictos de intereses y la declaración de bienes de altos cargos, así como la actualización de la Ley de Secretos Oficiales.

La radiografía europea también alcanza a los medios de comunicación de titularidad pública. El informe refleja la preocupación de los profesionales de RTVE tras la reforma legal de 2024, que modificó las mayorías parlamentarias para la renovación de su cúpula directiva. Bruselas señala que estas alteraciones normativas podrían afectar a los estándares de independencia editorial y a la credibilidad del servicio público ante la audiencia.

Finalmente, el dictamen de la Comisión Europea subraya que el actual clima de polarización política y la debilidad de los apoyos parlamentarios dificultan la aprobación de las medidas de transparencia exigidas. Bruselas concluye que estas reformas son innegociables para asegurar el cumplimiento de los estándares democráticos comunitarios y garantizar el buen gobierno en el país.