Captura de Iván Cazarín Molina «El Tanque» vincula operativos de seguridad con investigaciones sobre corrupción en obras federales
En una operación conjunta de las fuerzas especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional, fue detenido en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, Iván Cazarín Molina, alias «El Tanque». El detenido es identificado por las autoridades federales como uno de los principales operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y un objetivo prioritario de la justicia mexicana desde hace casi una década.
El operativo, calificado como una detención quirúrgica en flagrancia, pone fin a la libertad de un individuo vinculado con el círculo cercano de la dirigencia de dicha organización criminal. Cazarín Molina cuenta con un historial delictivo que se remonta a 2008 y se le atribuye la jefatura de plaza en el estado de Veracruz a partir de 2013. Su relevancia para las fuerzas armadas aumentó tras su presunta participación en el derribo de un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana en mayo de 2015, durante un intento de captura de Nemesio Oseguera Cervantes.
El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, confirmó la captura a través de los canales oficiales, enmarcando la acción dentro de la estrategia de seguridad de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. El informe oficial destaca el perfil delictivo de Cazarín, quien además de coordinar el tráfico de estupefacientes y la extorsión en el sureste del país, habría incursionado en el sector del contrabando de combustible, conocido como huachicol fiscal, estableciendo redes de negocios que trascendían el ámbito operativo criminal.
La relevancia de esta detención se extiende al ámbito político y legislativo debido a las investigaciones periodísticas que vinculan a Cazarín Molina con empresarios cercanos al entorno familiar del expresidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con grabaciones difundidas recientemente, el empresario Amílcar Olán Aparicio habría mantenido una relación de cercanía con «El Tanque», lo que presuntamente permitió que diversas redes criminales no interfirieran con el suministro de materiales en las obras de construcción del Tren Maya.
En el Congreso de la Unión, la detención ha reactivado el debate sobre la transparencia en los contratos de infraestructura pública. Durante una reciente comparecencia en el Senado, el secretario de Hacienda, Édgar Amador, fue cuestionado sobre las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) respecto a Amílcar Olán y sus nexos con el crimen organizado. El funcionario evitó confirmar detalles específicos, señalando que la UIF actúa únicamente bajo requerimientos formales de la Fiscalía General de la República (FGR).
Por su parte, el Poder Ejecutivo ha mantenido una postura de rechazo ante los señalamientos de corrupción. La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado en diversas ocasiones que no existen carpetas de investigación abiertas contra Andrés Manuel López Beltrán, a quien los reportes periodísticos vinculan con Olán Aparicio. Esta postura es compartida por la FGR, que hasta el momento no ha formalizado imputaciones por los audios y documentos que sugieren una colusión entre contratistas y operadores del CJNG.
Mientras tanto, la situación de Amílcar Olán permanece en la incertidumbre tras ser localizado meses atrás en Lugano, Suiza, donde se detectaron movimientos financieros superiores a los setenta millones de euros. Tras ese avistamiento, su paradero es desconocido, aunque agencias de inteligencia de Estados Unidos mantienen el rastreo de sus activos por presunto lavado de dinero. La captura de «El Tanque» representa un avance en la desarticulación de estructuras operativas, pero también intensifica el escrutinio sobre las redes de influencia que operaron en los proyectos estratégicos del sexenio anterior.
