Un juzgado de Ceuta abre diligencias por presunta trata y explotación de menores tras la entrada migratoria de julio

El Tribunal de Instancia de Ceuta ha incoado diligencias previas para investigar posibles delitos de trata de seres humanos y explotación sexual de menores en la ciudad autónoma. La instrucción judicial se centra en los hechos derivados de la entrada migratoria registrada el pasado 30 de julio, tras una denuncia presentada por la formación política Se Acabó La Fiesta (SALF) en la que la Fiscalía también figura como parte denunciante.

El magistrado instructor ha librado un oficio a la Policía Nacional para que confirme la veracidad de las investigaciones desarrolladas por la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIFD). El juez requiere conocer si efectivos de esta unidad especializada se desplazaron a la ciudad en agosto para hacerse cargo de las pesquisas sobre la presunta utilización de pisos particulares para la explotación de menores que accedieron a territorio nacional durante la crisis fronteriza.

La providencia judicial solicita a las fuerzas de seguridad que aclaren si se han elaborado atestados sobre estos hechos y si estos han sido remitidos a los juzgados correspondientes. En este sentido, la autoridad judicial busca determinar si existen procedimientos en curso, ya sean diligencias previas o juicios rápidos, relacionados con la supuesta captación de niñas extranjeras para el ejercicio de la prostitución en viviendas localizadas en la ciudad autónoma.

La investigación se apoya en informaciones que señalan la existencia de indicios sobre una organización dedicada a la explotación de menores aprovechando la vulnerabilidad de quienes entraron de forma irregular. El tribunal ha instado a la Policía a verificar si se han localizado inmuebles destinados a estas prácticas ilícitas y si se ha identificado a residentes locales presuntamente involucrados en la gestión de dichas viviendas.

Por su parte, la formación SALF, que ejerce la acusación popular en la causa, ha manifestado su intención de aportar toda la información recabada sobre los hechos al juzgado. El procedimiento judicial se suma a las iniciativas registradas ante la Comisión Europea por el eurodiputado Alvise Pérez, quien ha solicitado una revisión de los fondos europeos destinados a la gestión migratoria y un análisis del impacto de esta crisis en la seguridad y protección de los menores en Ceuta.