El Ayuntamiento de Carboneras impugna el recurso del exalcalde Cristóbal Fernández contra su condena por prevaricación

El Ayuntamiento de Carboneras (Almería), personado como acusación particular, ha formalizado la impugnación del recurso de apelación interpuesto por el exalcalde Cristóbal Fernández (PSOE) contra la sentencia que le condenó en marzo de 2022. El Consistorio solicita a la Audiencia Provincial de Almería la desestimación del recurso y la confirmación íntegra de la pena de siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación administrativa.

La representación procesal del Ayuntamiento sostiene que existe prueba de cargo suficiente para mantener el fallo del Juzgado de lo Penal número 1 de Almería. En su escrito de oposición, la administración local rechaza el argumento de la defensa sobre un supuesto error en la valoración de las pruebas, calificando las conclusiones de la sentencia original como un ejercicio «racional y lógico». Según el Consistorio, el recurrente busca sustituir la valoración judicial por una «interesada tesis de defensa».

Los hechos probados se remontan al 8 de septiembre de 2008, cuando Fernández, durante su mandato como alcalde, dictó una resolución de Alcaldía para la adjudicación directa de las obras de sustitución del alumbrado público en el Paseo Marítimo. El proyecto, con un presupuesto total de 492.182 euros, se tramitó bajo la premisa de que el Ayuntamiento ejecutaría los trabajos con medios propios. No obstante, la ejecución y el suministro recayeron finalmente en dos entidades mercantiles sin la existencia de un expediente de contratación previo.

La sentencia de 2022 concluyó que el entonces regidor actuó con el propósito de «eludir los controles administrativos y los principios de transparencia y concurrencia», haciendo prevalecer su voluntad personal sobre los intereses generales y favoreciendo a las empresas adjudicatarias. Como consecuencia de estas irregularidades, el Ayuntamiento se vio obligado a devolver una subvención otorgada por la Junta de Andalucía, al no contar con las autorizaciones preceptivas para la subcontratación de las obras.

En el plano jurídico, la acusación particular argumenta que el proceder del exalcalde fue «flagrante» y que, dada su dilatada experiencia en la administración local, no podía ignorar la ilegalidad de la adjudicación. El Ayuntamiento también desestima el argumento de la defensa sobre el historial de mantenimiento de una de las empresas contratadas, subrayando que dicha circunstancia no eximía de la obligación de someter la actuación a las reglas generales de la contratación administrativa.

El procedimiento, que ha recuperado impulso procesal tras una diligencia de ordenación en junio de 2026, queda ahora pendiente de la resolución definitiva de la Audiencia Provincial. Mientras la defensa solicita la libre absolución del exalcalde, tanto la Fiscalía —que inicialmente pidió ocho años de inhabilitación— como el actual equipo de gobierno municipal mantienen la validez de la condena impuesta en primera instancia.