La Fiscalía de Madrid solicita cuatro años de prisión por la presunta apropiación de 79.000 euros en una comunidad de vecinos

La Fiscalía de Madrid solicita una pena de cuatro años de prisión para cuatro mujeres acusadas de apropiarse de 78.879,76 euros pertenecientes a una comunidad de propietarios situada en la capital. Los hechos, que serán juzgados mañana en la Sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid, se habrían producido de manera continuada durante el periodo comprendido entre febrero de 2015 y abril de 2019.

El Ministerio Público les atribuye un delito continuado de apropiación indebida en concurso de normas con un delito de administración desleal. Según el escrito de acusación, dos de las procesadas, que desempeñaban los cargos de presidenta y tesorera de la comunidad, habrían realizado disposiciones de efectivo de la cuenta bancaria comunitaria por un importe total de 61.106,58 euros sin aportar justificación alguna.

Asimismo, la Fiscalía sostiene que ambas acusadas efectuaron 40 transferencias bancarias por un valor de 17.773,18 euros. Para estas operaciones, habrían utilizado como beneficiarias a empresas proveedoras reales de la comunidad; sin embargo, las cuentas de destino pertenecían presuntamente a las otras dos acusadas, quienes habrían actuado en connivencia con las responsables de la administración vecinal.

En el ámbito de la responsabilidad civil, la acusación pública reclama que las dos principales investigadas indemnicen solidariamente a la comunidad de vecinos con la totalidad de los 78.879,76 euros. Por su parte, las otras dos procesadas deberán responder de forma solidaria por la cuantía de 14.395,13 euros, cifra que coincide con los fondos recibidos en sus cuentas personales.

El escrito también identifica a dos personas adicionales como partícipes a título lucrativo, a quienes se les exige la devolución de 740,95 euros y 228,20 euros respectivamente. El Ministerio Público precisa que no consta que una de estas personas tuviera conocimiento del origen ilícito de los fondos percibidos.

A pesar de la gravedad de las penas solicitadas, la Fiscalía ha aplicado la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas. Esta decisión se fundamenta en la paralización que sufrió la tramitación judicial de la causa entre mayo de 2022 y junio de 2023 por motivos no imputables a las defensas de las acusadas.

Además de la pena privativa de libertad, el Ministerio Fiscal pide para cada una de las procesadas una multa de diez meses con una cuota diaria de 12 euros, la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y el pago de las costas procesales derivadas del juicio.